Circula en Copenhague un borrador sobre las posibilidades de crear un fondo destinado a los efectos del cambio climático. Continúa la postura de los países ricos de evitar que se mantengan compromisos comunes pero diferenciados, tal y como establece el Protocolo de Kyoto

Los medios insisten en que se trabaja contra reloj en los salones del palacio de los Congresos Bella Center en Copenhague. Dicen que se trabaja en un borrador para financiar los efectos del cambio climático en los países pobres mediante un fondo gestionado por un mecanismo aún por designar.
Pero, lamentablemente, letras no son hechos. Hasta ahora el documento que circula en la conferencia no contiene cifras ni porcentajes. Sin dudas, el Bella Center se parece cada vez más al Arbol de los deseos.
Según lo que reportan las agencias el mecanismo que refiere el borrador “deberá proporcionar acceso efectivo, simplificado y mejorado a los recursos financieros en el momento adecuado, incluido el acceso directo", mas no precisa el monto que será transferido a los países receptores ni la naturaleza jurídica sobre la que se apoyará esa financiación.
En tal sentido, como ha denunciado Cuba en diversos momentos, las complejidades de la negociación pasan en primer lugar por la oposición norteamericana a un segundo período de compromisos de reducción de emisiones y por el interés de los países industrializados. de establecer un acuerdo en el que se fijen compromisos indiferenciados a todas las naciones, sin tomar en cuenta la responsabilidad histórica en el calentamiento global y los diferentes niveles de desarrollo.
Esta pretensión de desbancar el protocolo de Kyoto constituye una ilegalidad pues este convenio no convenio no establece ni en su letra ni en su espíritu su caducidad.
En este sentido los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) emitieron una Declaración en la Cumbre recién finalizada en La Habana, donde fustigaron el hecho de que los estados más poderosos hayan encaminado sus esfuerzos a alterar y quebrantar los principios y compromisos del régimen legal vigente, con el objetivo de perpetuar sus patrones de producción y consumo insostenibles.
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