Poco antes de ser aprobada la Constitución cubana de 1940, muchas personas creían correcto que las mujeres de la Mayor de las Antillas no pudieran votar en ningún tipo de elecciones. En aquel momento se emplearon muchos recursos comunicativos, propios de las circunstancias y la época, para apoyar la causa de las interesadas en hacer que esa posibilidad se convirtiera en un hecho consumado. La mayor parte de ellos basaban su mensaje en un concepto que ya defendían los viejos jacobinos unos 150 años antes.

A lo largo del siglo XX, muchos otros movimientos sociales defendieron la misma noción. Y es que la igualdad es una cuenta por saldar en todo el planeta, a pesar de las centurias, la Ilustración, las luchas raciales, de clases y género.

Escasas ideas resultaron tan revolucionarias en la historia de la humanidad como aquella de que todos somos iguales. Jean-Jacques Rosseau, en las décadas más tempranas del Siglo de las Luces, reafirmaba la noción como un atributo esencial de las personas con carácter irrevocable y constitutivo.

El concepto ilustrado se centró fundamentalmente en reaccionar contra las formaciones sociales imperantes, donde los individuos eran divididos en diferentes grupos socioeconómicos de manera arbitraria. Sin embargo, su valía ideológica fundamental se extendió mucho más allá.

La identidad de género, uno de los aspectos transversales a un alto número de sociedades del siglo XXI, todavía pugna por alcanzar mayores resultados en materia de equidad de derechos. Cuba no es la excepción.

Si bien se han logrado determinados progresos en algunos aspectos legislativos como el actual Código de Trabajo, persisten enormes barreras por superar. La mayoría son de tipo ideológico. Aunque la nación se afana por alcanzar altos niveles de educación sexual, el machismo dominante en la Isla desde la llegada de los colonos europeos tiene fuertes raíces. A ello deben sumarse prejuicios relacionados con ciertas religiones y estigmas sociales.

El proyecto de nación que hoy se construye con la redacción y debate de un nuevo proyecto constitucional defiende la igualdad de derechos y oportunidades de las personas ante el convencionalismo social y jurídico del matrimonio. Pero las incomprensiones son latentes. En el propio seno de las discusiones se pueden apreciar diversidades de criterios y profundos desconocimientos.

En guaguas, parques, centros de trabajo y en casi cualquier reunión de amigos aparece el tema como una jugosa curiosidad. Pareciera que la ciudadanía quiere dar su opinión a toda costa, bien para afirmar su apoyo como para negarlo del todo.

La ciudadanía necesita contar con herramientas comunicativas y formativas preparadas para ayudarles a comprender cabalmente el concepto de igualdad con respecto a la identidad de género. Las labores educativas deben persistir y los debates no pueden ser solapados por más peliagudos que se vuelvan.

Solo con información sistemática y veraz, un trabajo continuo y consciente, la sociedad podrá llegar a comprender que si una parte de sí misma tiene garantizados determinados derechos, no existe nada capaz de impedir a otros el alcanzarlos.

Igualdad implica el reconocimiento del valor y la dignidad de las personas, así como de su inteligencia, libertad y creatividad de expresión. Trabajar por garantizar los derechos de todos los individuos es un principio que corresponde cumplir a los Estados y a la población en general.

En el mundo, solo 24 países han dado su aprobación a los matrimonios homosexuales. Si Cuba sanciona su nueva Ley de leyes no será la primera nación del mundo en refrendar su apoyo, pero si formará parte de una importante vanguardia.