Nuevas disposiciones jurídicas se encaminan a lograr soberanía alimentaria

Autor: 

Yanel Blanco Miranda
|
22 Octubre 2021
| |
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Foto: Alexander Isla Sanz de Calahorra

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El suelo constituye uno de los recursos naturales más importantes para la producción agropecuaria y el sustento de la biodiversidad. No obstante, es de los menos cuidados, lo que incide en su deterioro y pérdida de la capacidad productiva.

La degradación de los suelos en Cuba por erosión, salinización y sodificación, disminución del carbono orgánico, contaminación, entre otras causas, está relacionada, fundamentalmente, a un inadecuado manejo y explotación, así como a condiciones climáticas, topográficas y edafológicas.

“Situación agravada por la baja percepción sobre su importancia como recurso natural finito y que genera disminución de su capacidad productiva”, comentó en conferencia de prensa, Dagoberto Rodríguez Lozano, jefe del Departamento de Suelo y Fertilizantes.

Para tratar de revertir esa situación fueron establecidas varias disposiciones jurídicas, que acompañarán la implementación de la política sobre la conservación, mejoramiento, manejo sostenible de suelos y uso de los fertilizantes.

Publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria №120 del 22 de octubre de 2021 contempla entre sus objetivos, favorecer el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles que detengan, eviten y reviertan la pérdida de la agroproductividad de los suelos y perfeccionar el control y el servicio estatal para la protección, conservación, mejoramiento, rehabilitación y manejo sostenible del mismo y el uso de los fertilizantes.

Según Orlando Díaz Rodríguez, director jurídico del Ministerio de la Agricultura (MINAG), “estamos en presencia de una instrumentación jurídica actualizada, novedosa, adecuada al contexto y al estado de la técnica”.

Por su parte, Dagoberto Rodríguez Lozano, jefe del Departamento de Suelo y Fertilizantes del MINAG, señaló que entre los principios establecidos está “regular la obligatoriedad de los tenentes de tierra de cumplir las medidas de protección, conservación y mejoramiento de los suelos bajo su jurisdicción.

“Asimismo, desarrollar o adoptar tecnologías de manejo sostenible de tierras bajo principios de la agricultura de conservación, precisión y climáticamente inteligente y ejecutar y controlar medidas que permitan disminuir y evitar la contaminación de los suelos y las aguas”.

Uno de los aspectos novedosos de este paquete de normas es que se modifica el alcance de las contravenciones y se incorpora a las personas jurídicas.

De igual forma, se establecen regulaciones sobre aspectos que no estaban legislados como el arrendamiento de los suelos, la regulación sobre el uso de los fertilizantes y bioproductos, la participación y jerarquización de la ciencia en la actividad, el uso controlado del fuego para las áreas agrícolas y la contaminación.

Al respecto, el jefe del Departamento de Suelo y Fertilizantes del MINAG aclaró que, antes de estas disposiciones no existía nada que regulara la quema de los desechos de cultivos. Y aseguró que el objetivo es evitar el empleo de este método.

“Cuando un campesino quería acelerar el proceso de siembra, por ejemplo, en el arroz, quemaba los restos de la cosecha y ya. Ahora tiene que pedir permiso ante la autoridad designada y seguir una serie de procedimientos.

“Puede que al final no quede otra opción y debamos prender fuego a determinada área para sanearla, pero la idea es evitar quemar materia orgánica. Uno de los principios de esta política es transitar a una agricultura de ganancia de carbono y no de pérdida”.

En cuanto a la contaminación, Dagoberto Rodríguez manifestó que “uno de los contaminantes más importantes es la sal. Entonces, si se va a aplicar riego con el agua de un pozo que tenga presente esta sustancia, la regulación recoge hasta qué punto puede o no emplearse porque se saliniza el suelo. Así sucede con los demás contaminantes”.

Otras particularidades que recogen estas disposiciones jurídicas se relacionan con el uso de los sustratos y la preservación de los suelos de categorías más productivas, para la obtención de alimentos.

“Hay un área urbana del país que está declarada y no es objeto regulable desde el punto de vista legal de la agricultura. Sin embargo, esta nueva ley debe tenerse en cuenta para desarrollar los planes de ordenamiento territorial, si impactan las áreas agrícolas”, subrayó Dagoberto Rodríguez Lozano.

“Con el uso de la capa vegetal y la protección de los suelos de categoría I y II (considerados los más productivos), ahora regulado en las normas, se busca proteger las áreas del país donde mayor posibilidad hay de obtener alimentos hacia el futuro. Estas se encuentran, sobre todo, en el sur de Artemisa y Mayabeque, en Matanzas y Ciego de Ávila asociados a los suelos rojos”.

Aquí le compartimos el documento completo:

 

 

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