Foto: David Estrada Rodríguez/Naturaleza Secreta
El Acuerdo de París y el Pacto Climático de Glasgow establecieron que los países desarrollados debían apoyar financieramente a los que se encuentran en vías de desarrollo, menos responsables de la crisis ambiental.
Lo convenido en Escocia estipuló que el financiamiento debía ser de 40 mil millones de dólares para 2025, mientras el nuevo objetivo colectivo cuantificado para la financiación climática (NCQG) pidió 300 mil millones anuales para financiar la mitigación y adaptación para 2035.
El Reporte sobre la Brecha de Adaptación 2025, coproducido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), concluye que la financiación para adaptación frente al cambio climático no llegará.
Se necesitan flujos financieros entre 12 y 14 veces superiores a los actuales
El documento llama la atención en que los flujos de financiación pública para la adaptación de países en desarrollo disminuyeron en dos mil millones de dólares de 2022 (28 mil millones de dólares) a 2023 (26 mil millones de dólares). Aunque son las últimas cifras disponibles, reflejan que con esa tendencia será imposible alcanzar los objetivos propuestos.
Las necesidades de financiación para la adaptación al cambio climático de países en desarrollo para 2035 son al menos 12 veces superiores a los flujos actuales de financiación pública internacional para la adaptación. Un alivio a la situación de fondos para la protección climática son políticas nacionales efectivas de planificación e implementación de la adaptación.
Un total de 172 de los 197 países del mundo cuentan con un plan, estrategia o política nacional de adaptación. Sin embargo, 36 poseen planes obsoletos o sin actualizar desde hace una década, los cuales ya no podrían ser eficaces.
El apoyo a la implementación de estas medidas alcanzó 920 millones de dólares estadounidenses en 2024 (+86 por ciento con respecto a la media quinquenal 2019-2023), a partir del marco del Fondo de Adaptación y las gestiones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima. Sin embargo, es difícil que la tendencia se mantenga debido a las limitaciones financieras a partir del año en curso.
La comparativa entre las necesidades estimadas de financiación y los números actuales muestra que la brecha asciende a entre 284 mil y 339 mil millones de dólares anuales hasta 2035, con necesidades entre 12 y 14 veces superiores a flujos financieros actuales.
Además, un crecimiento en la proporción de instrumentos de deuda no favorables abre un riesgo de una trampa de inversión, donde un aumento de desastres climáticos podría incrementar el endeudamiento y dificultar la inversión en adaptación frente al climático.
Durante la COP 29 en Bakú, el NCQG estableció el objetivo de movilizar al menos 300 mil millones de dólares anuales para 2035 en favor de los países en desarrollo para la acción climática. Sin embargo, esa cifra no se encuentra ajustada a la inflación.
La financiación propuesta por el documento (310-365 mil millones anuales) a una tasa de inflación del tres por ciento, que es el promedio de la última década, dispara las necesidades a entre 440 y 520 mil millones anuales. El documento afirma que el sector privado podría aportar apenas entre el 15 y el 20 por ciento del total de las necesidades nacionales de financiación para la adaptación.
La Hoja de Ruta Bakú-Belém y la amenaza del calentamiento global
En medio de este panorama, la Hoja de Ruta Bakú a Belém, que se acaba de presentar en Brasil durante la COP30, abre la oportunidad de impulsar la captación de 1,3 billones de dólares estadounidenses anuales para 2035. El Informe sobre la Brecha de Adaptación 2025 ofrece reflexiones con el fin de fortalecer dicha planificación.
El documento reconoce a la mitigación y prevención como vías para frenar el déficit de financiación. Destaca la importancia de eliminar subvenciones a combustibles fósiles y reducir la inversión en infraestructura, dando paso a energías renovables. Además, se necesita asignar recursos equitativamente y fortalecer la capacidad y acceso a los mismos.
Mediante la ampliación de formas de financiación para adaptación frente al cambio climático se puede contribuir a subsanar la brecha de acceso a fondos. La mencionada hoja de ruta podría identificar instrumentos con que se pueda contribuir a una adaptación transparente y responsable. Además, podría explorar entidades como bancos y agencias para que otorguen mayor importancia a la resiliencia a la hora de distribuir fondos.
Las nuevas Contribuciones Determinadas a nivel Nacional apuntan a que el calentamiento global supera con creces el objetivo de temperatura estabilizada del acuerdo de París (+1.5°C). Esto solo añade otra capa de dificultad para la gestión de riesgos.
En este panorama, la adaptación reduce de forma significativa los costos de impactos climáticos, aumenta la resiliencia y conduje a mejores resultados. De forma opuesta, un aumento de las temperaturas lastra los esfuerzos en materia de prevención de riesgos y preparación frente al cambio climático.
“Un estudio de modelización reciente muestra, por ejemplo, que la eficacia de la adaptación relacionada con el agua disminuye del 90 % con un aumento inferior a +1,5 °C al 69 % y al 46 % con un aumento de +2 °C y +4 °C, respectivamente”, refleja el documento citando a Lissner, Möller y Mukherji (2024).
Lentitud en políticas de adaptación
El informe del PNUMA reconoce que la implementación a nivel local de la adaptación ha sido demasiado lenta, con numerosas restricciones y lÍmites, especialmente en lo referente a la acción tecnológica y basada en ecosistemas.
Para el 31 de agosto de 2025, 94 países habían presentado un informe bienal de transparencia (BTR) a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con información detallada sobre los impactos climáticos y la adaptación. Se reconoce como una cifra prometedora, sin embargo, existen deficiencias que limitan su capacidad para fundamentar evaluaciones de adaptación.
El análisis de más de 1600 acciones de adaptación reportadas en los BTR revela que los sectores prioritarios son biodiversidad y ecosistemas (23 por ciento), infraestructura y asentamientos humanos (18 por ciento), agua y saneamiento (16 por ciento) y alimentación y agricultura (14por ciento).
Por otra parte, la cobertura es desigual entre las diferentes clasificaciones de países y regiones, con los menos adelantados, los estados insulares en desarrollo y naciones africanas particularmente subrepresentados.
La información sobre las medidas de adaptación y sus resultados representa una pequeña proporción del total de la información incluida en los informes de respuesta al cambio climático (poco más del 20 por ciento), alerta el informe.
Las necesidades de financiación varían debido a factores como el tamaño del país, su estructura económica, los impactos del cambio climático, la vulnerabilidad, y el nivel de ingresos. Los países de bajos ingresos presentan mayores necesidades de financiación para adaptación al cambio climático, que dirigen hacia agricultura, alimentación, energía y transporte.
Naciones con una economía más robusta invierten en silvicultura, ecosistemas y biodiversidad, lo que indica que las prioridades evolucionan a la par que el desarrollo de los países.
La comunidad internacional debe coordinar sus esfuerzos, a partir de la COP30 y la Hoja de Ruta Bakú a Belém, para resolver los desafíos financieros que enfrenta la adaptación frente al cambio climático. Como se ha venido alertando hace años, cada vez queda menos tiempo para acciones y políticas efectivas. El compromiso con los acuerdos y resolución de flujos de inversión son claves para frenar el deterioro ambiental.