Por Yanel Blanco Miranda e Iramis Alonso Porro
Como un acontecimiento trascedental podemos calificar el pleno de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) celebrado el 22 de octubre, cuyo propósito esencial fue la discusión del anteproyecto de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si de algo puede estar orgullosa Cuba es de la profundidad, rigor y sentido analítico de sus científicos, en aras del bien común.
Más de 24 intervenciones abordaron una multiplicidad de temas, con diferentes perspectivas: desde cuál debe ser el protagonismo de las ciencias sociales o cómo medimos la calidad y el rigor de las investigación para no despilfarrar recursos y optimizar procesos, hasta cómo se logra que este documento legal no se convierta en letra muerta por el afán de abarcar hasta el más mínimo detalle posible.
El Dr. Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) comentó, para abrir el debate, cuáles fueron los antecedentes del surgimiento de este texto legal. Relató que, en febrero de este año, el CITMA comenzó un proceso de construcción colectiva de la ley. Eso les brindó la posibilidad de recoger criterios de diferentes especialistas, profesores y trabajadores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTI) de casi todo el país.
El ministro señaló que esos espacios de debate, con alrededor de mil 500 personas, nutrieron lo que hoy es el anteproyecto. Toda esta filosofía, dijo, se basa en el convencimiento de que “no queremos una ley para estar contentos con lo que dice el articulado sino para que se ejerza”. De ahí que todos los criterios que se emitan serán bien recibidos y analizados como corresponde. Porque esta, precisó, “no es la ley del CITMA, sino la de todos los que participan en la actividad: campesinos, innovadores, investigadores, profesores y empresarios.
Daymar Cánovas, director jurídico del CITMA, presentó el diagnósito realizado que corrobora la necesidad de construir un documento rector de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en el país.
Como resultado, se constató la carencia de una disposición normativa integradora en materia de CTI, la insuficiente contribución del financiamiento empresarial a la actividad y la escasa entrada en divisas.
De igual forma, se hicieron más evidentes los pocos incentivos que existen para promover la innovación, la carencia de un programa de desarrollo del potencial humano para CTI, y el insuficiente progreso del SCTI en sus dimensiones sectorial y territorial.
Al adentrarse en el cuerpo de la ley, Daymar Cánovas, precisó que el primer capítulo recoge el objeto y alcance, los principios y objetivos, y refuerza el concepto del derecho de todas las personas para acceder al conocimiento y a participar en la producción, uso y difusión de la ciencia.
Uno de los reclamos hechos, subrayó el director jurídico, es que el texto legal abordase las cuestiones éticas como normas o principios, en cuestiones como la investigación en seres humanos, entre otras. Otro aspecto importante, dijo, se relaciona con el potencial humano, “centro de la ley al ser el principal componente de la capacidad científica, tecnológica e innovadora del país”.
En el caso de lo relacionado con las fuentes de financiamiento de la ciencia, hizo mención al artículo 89 donde se puntualiza que “el plan de la economía nacional respalda incremento progresivo de la fracción del PIB (producto interno bruto) destinada a la inversión en ciencia, tecnología e innovación (…) “Aquí hay un objetivo y un mandato”, enfantizó.
En el artículo 91 del anteproyecto se reconoce la diversidad de fuentes de financiamiento, las necesidades de que esas fuentes apoyen tanto las innovaciones incrementales como las disruptivas, y unas reglas muy concretas “como la obligación de invertir en ciencia, tecnología e innovación para las empresas estatales.
“No solo inversión sino gastos también y que eso tenga un reflejo después en el informe de ejecución de los presupuestos del cierre económico. Estamos hablando de indicadores directivos para empresas que generen divisas.
“Uno de los puntos del diagnóstico y de la política era el déficit de esa divisa para respaldar esas actividades de CTI. Pues esos indicadores que van a existir para todas las empresas serían siempre superiores para las de base tecnológica y las de alta tecnología”.
El reconocimiento a la posibilidad de operar directamente cuentas bancarias en divisas fue otra de las propuestas consideradas por el grupo temporal de trabajo que trabajó en el anteproyecto. Como también la importancia del acceso al fondo de innovación en ciencia y el diseño y la implementación de fondos específicos y la necesaria correspondencia que tiene que haber entre financiamiento y prioridades de la CTI.
Otros aspectos mencionados por Daymar Cánovas son la necesidad de que la política científica a nivel nacional tenga una proyección territorial, local y comunitaria, así como la definición de cómo evaluar los procesos de la investigación por medios de indicadores que permitan actualizar políticas y normas.
La ley que vamos a parir
El Dr. C. Agustín Lage, inaguró el debate. Expresó su preocupación ante la posibilidad que la ley pueda diluirse y no alcanzar su verdadero objetivo, debido al afán de querer construirla tan amplia. “El propósito es hacerla abarcadora, totalizadora, pero que al mismo tiempo sea un instrumento de trabajo. La aspiración académica, y todos somos académicos, de hacerla abarcadora, puede poco a poco llevarnos a generar un documento que sea poco operacional.
“Hagamos una ley que enfatice en las conexiones de la ciencia con la economía, promueva el despliegue de nuevas empresas, pues tenemos un tejido empresarial muy amplio todavía en nuestro país, y que a partir de ese proceso también se promueva el papel del Estado en la conducción”, sentenció el Dr. C. Lage.
La Dra. C. María Isabel Domínguez, de la sección de Ciencias Sociales y Humanísticas, manifestó que en el anteproyecto analizado apenas se menciona la importancia del papel de las ciencias sociales en el desarrollo de la ciencia. “Los aportes a la sociedad socialista pueden quedarse (como refleja el documento) en el área económica, pero tienen que explicitarse los aspectos sociales, ambientales que creo que están poco tratados en el texto.
Domínguez enfatizó que a pesar de la importancia que tiene la economía en el momento actual, la ley no puede tener únicamente un enfoque economicista. Hay que plasmar el papel que reviste lo social y lo ambiental en este proceso.
Sobre el potencial humano, la académica pidió que también se incluyera lo referido a su rentención. “Se habla en el artículo 37 de la captación y el desarrollo, pero creo que habría que poner como un objetivo importante la retención, uno de los principales problemas que estamos teniendo hoy en el sistema de ciencia”.
A continuación, la Dra. C. Nancy Fernández, directora general de la Oficina Nacional de Normalización y académica de Mérito, pidió revisar y corregir algunos aspectos relacionados con la innovación.
“Pienso que debíamos estar armonizados con el concepto, mundialmente reconocido, de innovación que está en la serie ISO 56000 y que va dirigido a crear valor”.
La experta aseguró que no se “puede gestionar nada sin crear valor y sin bajar riesgo, y nuestra ley no tiene una sola palabra sobre eso”.
Igualmente, dijo que debe corregirse el vacío que existe sobre la infraestructura nacional de calidad y el peso que debe tener en este documento jurídico, “porque sin calidad no hay ciencia, ni hay nada.
“Sin embargo, el tratamiento que se hace de este tema en la ley es muy superficial. Esta no es solo del sector empresarial. ¿Cómo podría un hospital funcionar si un fuerte sistema de calidad, ¿cómo podrían hacer sus ensayos competentes para que el médico tome decisiones?”
La Dra. C. Nancy Fernández añadió: “una de las cuestiones que me preocupan es que la ley no reconoce el vínculo entre la normalización y la ciencia y la innovación. Y eso es un tema que sí debía revisarse porque, por ejemplo, una norma no es más que el resultado de un proceso innovador. Pero si la innovación al final no termina en un documento normativo, la sociedad no la va a reconocer, ni nadie se va a empoderar de ella. ¿Cómo podríamos estar poniendo los paneles solares sin la norma de cargas de viento?
“Los normalizadores son intelectuales, profesores, científicos, especialistas, expertos que acumulan, atesoran un conocimiento y que son los responsables de que el país tenga más de 4500 normas, para las transacciones comerciales y el comercio.
“No es posible que el Decreto Ley 8 reconozca ese vínculo entre la normalización y la innovación y la Ley General de Ciencia no lo haga. En eso debemos articularnos, es algo que debería revisarse”.
Al comentar sobre la gestión de la tecnología y la innovación y la manera en la que aparece tratada en el anteproyecto, la directora general de la Oficina Nacional de Normalización precisó que “en el artículo 72, inciso c se habla de fortalecer la infraestructura de calidad para asimilar y transferir tecnología, pero no se dice cómo”.
En cuanto a la innovación en la gestión empresarial, la Dra. C. Nancy Fernández dijo que le llamaba la atención que se propusiera la certificación del sistema de gestión de la innovación de acuerdo a la norma cubana NC 1307, y no se especificara el año.
“Si es NC 1307 deben ponerle que es de 2022 porque la de 2014 y 2018 ya están derogadas. Pero si bien esa norma está alineada con la ISO 9001 y tiene algunos principios que permite implementar temas de calidad e integra otros para la innovación, el sistema de gestión de la innovación no es la NC 1307, es la 56000.
Una de las debilidades que hoy presenta la ciencia cubana es la creación de patentes, así lo hizo saber el Dr. Rubén Álvarez, profesor de la Universidad de La Habana y coordinador del Laboratorio conjunto de nanobiotecnología CIGB-UH.
“Las publicaciones son importantes y un indicador, pero no es el único desarrollo y pueden llevar a engaño. Debemos fortalecer las patentes. Lo más difícil para un investigador no es publicar, sino hacer una patente porque es otro lenguaje, otros requisitos.
“Cuando no hay cultura tecnológica la ciencia no se convierte en fuerza productiva, y ahí es donde está el dinero. Hay que invertir en ciencia, pero ciencia es tecnología también, están unidas”.
Por su parte, la Dra. Beatriz Marcheco, directora del Centro de Genética Médica y académica de la sección de Biomedicina, planteó que debemos lograr que la ley esté en sintonía con lo más moderno del hacer internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación.
La Dra. Marcheco hizo alusión al artículo 10.1 que aborda el tema de los aspectos técnicos de las investigaciones en humanos, y propuso superar “los principios éticos universales que fueron planteados en 1979 y que nos apropiemos de algunos principios éticos que hoy están en el debate, en el entorno de las tecnologías disruptivas. Porque estamos en la era de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías de la edición genética, entre otros”.
La académica precisó que esos principios éticos (de 1979) siguen siendo válidos, “sobre todo en el terreno de las prácticas clínicas”, pero “no incluyen los riesgos que implican estas tecnologías disruptivas. O sea, que hay que reinterpretarlos, y expandirlos”.
De ahí que propusiera al Grupo temporal de trabajo considerar “la posibilidad de incluir, por ejemplo, al hablar de autonomía: el respecto a la autonomía y a la identidad personal.
“Solo la autonomía no cubre el derecho de cada cual a decidir sobre sí, porque cuando estamos editando genes de alguna manera, también se modifica la información genética no solo de los target (objetivo, persona o cosa a la que se dirige una acción) que queremos cambiar.
“Y esa información genética la vamos a transmitir a nuestra descendencia, y ella no tiene la oportunidad de participar u opinar sobre eso. Por tanto, quisiéramos llamarle autonomía e identidad personal.
“De igual forma, considerar el derecho de libre albedrío o elección, que es la capacidad que tenemos de tomar decisiones sin influencias ni manipulaciones”.
Otro tema analizado por la académica es el del acceso equitativo y distribución de los beneficios derivados de las investigaciones. “En buena medida nosotros lo hemos interpretado como igualdad de acceso y estamos en el contexto de una sociedad donde están creciendo la inequidad de los accesos.
“Tenemos que buscar la manera de hacer énfasis de que nuestros principios éticos pasan por proteger el acceso equitativo a los beneficios de las investigaciones de la ciencia, la innovación y demás. Porque hoy sabemos que quien vive en Yateras o en Manuel Tames, no tiene la misma oportunidad de acceder a quien vive en el Cotorro, aun con las limitaciones que tenemos.
Y eso no lo estamos pudiendo paralizar, pero sí lo tenemos que blindar en nuestros documentos para proteger a los vulnerabilizados de nuestra sociedad”.
Al hacer alusión al capítulo 8 que habla sobre la evaluación, seguimiento y responsabilidades, el Dr. C. Ernesto Estévez expresó que “el anteproyecto se ha quedado un poco flojo en el tema de la evaluación y rigor.
“Pienso que en la ley debemos insistir en la evaluación de la ciencia porque nosotros, y tiene que ver con la realidad actual, hemos tenido problemas con resultados considerados científicos que en el fondo no han sido bien evaluados y han conducido al malgasto de recursos.
“Asimismo, la ciencia tiene que fomentar la producción científica, pero también trabajar en la cultura del rigor y la evaluación de esa ciencia”.
Al mencionar el papel de este documento jurídico y su permanencia en el tiempo, el Dr. C. Estévez dijo que “no tiene que ser solo del presente, pero sí que ser reflejo del futuro, y ser abarcadora, independientemente de la importancia que hoy representa salvar la economía del país. Aspecto que puede quedar recogido en las estrategias”.
Además, consideró importante que en la ley quede refrendado el carácter independiente de la Academia de Ciencias, que en su opinión debe responder al Consejo de Estado o la Asamblea Nacional.
El académico también refirió la necesidad de reflejar en la ley la atención a las glorias de la ciencia, “carencia que hemos tenido por mucho tiempo”, y propuso que debe haber una estrategia de comunicación de la ciencia, que aporte al trabajo vocacional hacia los jóvenes.
Para el Dr. C. Roberto Mulet, de la sección de Ciencias Naturales y Exactas, debe reflejarse en la ley, que el acceso a la superación tiene que ser un derecho de los trabajadores en las entidades de CTI y en las Universidades; no puede estar en sintonía con el código de trabajo que se está discutiendo que pone a la superación en el tiempo libre de las personas.
El profesor de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, hizo hincapié durante su intervención en que esta parece más una ley de empresa de alta tecnología que de ciencia, tecnología e innovación.
“Me parece que hay un desbalance. Entiendo que buscar mecanismos para financiar la ciencia es importante, sobre todo porque hace muchos años que no se hace apropiadamente. Pero, me parece que la ley está muy sesgada en esa dirección”.
Igualmente propuso, en sintonía con los planteamientos de académicos como el Dr. Luis Montero, el Dr. Estévez y la vicerrectora de la Universidad de La Habana, Dra. Maday Alonso, dar más tiempo al debate de la ley, dada la cantidad de modificaciones y adiciones propuestas, junta a otras más enviadas ya al correo puesto a disposición por el CITMA.
También se emitieron criterios sobre que era apresurado incluir en la ley al Consejo Nacional de Innovación, y que, de cara al futuro, todas las leyes deberían discutirse en la Academia de Ciencias de Cuba, dada su diversidad, capacidad teórica, vocación de análisis y el carácter asesor que posee.
En diálogo con las propuestas de los académicos, el titular del CITMA, Dr. Armando Rodríguez manifestó que desde su punto de vista el reto mayor es la gobernanza e insistió en la idea de que no se está construyedo la ley para un sector ni para un ministerio, sino para todos. “Es una ley transversal, por eso lo de General. Con ella queremos construir no una economía del conocimiento, sino una sociedad socialista del conocimiento”.
La Academia rinde cuentas
El pleno de la ACC también fue espacio para que esta rindiera cuenta a sus miembros del trabajo realizado en el último periodo.
El Dr. C. Luis Velázquez, su presidente, celebró el crecimiento y diversificación de la membresía. Resaltó que los académicos constituyen el 14 por ciento del total de doctores en ciencia del país y que el 39 por ciento son mujeres. También remarcó la condición de miembros correspondientes de 65 destacadas personalidades de la ciencia de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.
El presidente de la ACC comentó además que en 2025 se constituyó el Consejo Nacional de Jóvenes de la Academia, cuyo propósito es interactuar con jóvenes científicos de alto nivel. Hasta la fecha ya incluye a cien personas, 20 por cada una de las secciones existentes.
Sobre el anteproyecto, el Dr. C. Velázquez señaló que “esta es la ley de la comunidad científica, del sector empresarial, de las universidades, del pueblo. Será una norma jurídica que estimule el conocimiento, elimine trabas, y burocracias que dificultan el camino de los investigadores. Hablamos de un texto integrador, que borra los límites y barreras que hoy persisten para que, de manera distintiva, la ciencia y la innovación se conviertan en esa fuerza importante que garantiza el desarrollo económico y social del país”.
Al finalizar el encuentro, la Academia de Ciencias de Cuba premió a la Agencia de Medio Ambiente (AMA) y al Instituto de Meteorología (Insmet), que recién llegó a su aniversario 60.
De igual manera, Juventud Técnica entregó el reconocimiento “El tiempo de la ciencia” al Dr. C. Ernesto Estévez, por su valioso acompañamiento a la revista y a la ACC, por la alianza que ha mantenido con la publicación durante muchos años.
Como cierre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y la ACC firmaron un convenio de colaboración.
Villa Clara y Consejo Nacional de Innovación: primera estación para un debate
Aunque Juventud Técnica no asistió a los intercambios que marcaron la arrancada del debate del anteproyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, tanto en la provincia de Villa Clara como en el Consejo Nacional de Innovación, considera esencial dejar plasmados algunos detalles esenciales abordados en esos espacios.
En el Consejo Nacional de Innovación, el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez consideró que el proyecto de ley, concebido como un pilar fundamental para el desarrollo del país, debe aspirar en todo momento a lograr su objetivo de eliminar trabas actuales, llenar los vacíos legales y convertir potencialmente a la ciencia y la innovación en una fuerza motriz del desarrollo económico y social de Cuba.
Por su parte, en Villa Clara, con la presencia del viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz y el ministro del CITMA, Armando Rodríguez Batista, una parte del diálogo se sustentó en quienes representan la comisión de Atención a las Políticas Sociales, que establecen como objetivo programas encaminados al mejoramiento del bienestar poblacional en diferentes esferas, con la diferencia de que están dirigidas a espacios específicos de la sociedad, en tanto las políticas públicas guardan relación con el público en general.
Se subrayó que la atención a las vulnerabilidades sociales requiere de programas específicos y no puede quedar sin tratamiento.
Durante el intercambio, se enfatizó que la futura ley debe fortalecer las condiciones de vida y trabajo de los científicos e integrar la innovación a las estrategias de desarrollo local.
Se aclaró que la ciencia no es un patrimonio exclusivo de académicos, sino que incluye a innovadores, empresas, cooperativas y el sector no estatal, buscando crear una alianza generadora de progreso para toda la sociedad.