Con la aprobación del Decreto Ley 31 “De Bienestar animal” y su reglamento en 2021, se estableció un marco legal a tono con las normativas internacionales para regular a los principios, deberes, reglas y fines con respecto al cuidado, la salud y la utilización de los animales, con el propósito de garantizar así su bienestar enfocados en Una Salud.
El documento, conformado por 14 capítulos, 92 artículos, así como disposiciones generales, especiales, transitorias y finales, contiene una abarcadora variedad de asuntos, en correspondencia con las propuestas de la política pública. Entre ellos los relacionados con la comercialización, la transportación, el sacrificio de animales, la matanza con fines profilácticos y la eutanasia.
A casi cinco años de su puesta en vigor, el entusiasmo inicial ha chocado contra el muro de la implementación, la carencia material y también algunas lagunas institucionales.
Para entender qué ha cambiado y qué sigue detenido en el tiempo, conversamos con Raquel Larrinaga, coordinadora del grupo Pasos, dedicado a la protección de los animales.
Con la franqueza de quien lidia a diario con la falta de sensibilidad de muchas personas, esta mujer habla de una realidad donde este texto jurídico parece haber nacido sin las garras operativas necesarias para transformar la cultura del respeto a los animales en la Isla.
— ¿Cuál es el balance que hace, desde su grupo, sobre la aplicación del Decreto Ley 31 y su reglamento ?
— El Decreto-Ley sobre Bienestar Animal fue un paso histórico. Esta norma específica reconoce a los animales como seres que merecen protección y establece deberes y sanciones. Eso no es menor.
“No obstante, en la práctica su aplicación ha sido limitada. Ha servido para abrir conversaciones y para que las personas sepan que el maltrato es ilegal, pero todavía no vemos una transformación profunda en la cultura del respeto. Muchas veces se queda en el plano simbólico porque faltan mecanismos ágiles y coherentes para hacerlo cumplir”.
—Menciona la falta de agilidad. Desde su experiencia, ¿cuál es el mayor obstáculo para que la ley se cumpla?
— La falta de implementación efectiva. La ley existe, pero no siempre hay preparación, recursos, ni claridad en las instituciones encargadas de aplicarla. También influye la escasa capacitación de algunos funcionarios y la ausencia de protocolos claros y uniformes en todo el país.
—¿Qué sucede hoy cuando un protector decide dar el paso y denunciar un acto de crueldad?
— Depende mucho del territorio. Hay oficiales que escuchan y tramitan la denuncia, pero en otros casos el denunciante recibe indiferencia o demora. El proceso de imposición de multas suele ser lento y poco transparente. Muchas veces el protector no recibe información sobre el resultado final. Eso desmotiva y crea la sensación de impunidad.
— En un contexto económico tan agudo, ¿cómo se sostiene el cumplimiento de una ley que exige estándares mínimos de cuidado? ¿Cómo afecta a quienes, como ustedes, emplean recursos propios en la protección y rescate de los animales?
— Impacta directamente. El acceso a alimentos, medicamentos veterinarios y materiales básicos es muy limitado. Una ley que exige cuidados necesita condiciones materiales mínimas. Cuando no hay vacunas, anestesia o pienso, el cumplimiento se vuelve mucho más difícil, incluso para personas con buena voluntad.
“Eso nos coloca en una situación muy compleja. La ley establece responsabilidades claras en cuanto a salud y bienestar, pero conseguir antibióticos, antiparasitarios o vacunas es cada vez más complejo.
“Muchos grupos dependen de donaciones del exterior o de compras informales a precios elevados. Eso limita la cantidad de animales que podemos atender y aumenta el desgaste físico y emocional”.
— ¿Cómo gestionan el desbordamiento de animales abandonados sin refugios suficientes?
— La norma prevé la existencia de refugios, pero en la práctica no existen suficientes espacios estatales. En Pasos trabajamos con hogares temporales y redes solidarias. Es un esfuerzo completamente voluntario y financiado con donaciones. No es sostenible a largo plazo. Además, gestionar un refugio independiente es muy difícil. Las regulaciones de higiene y ornato público pueden convertirse en un problema, si no existe comprensión de la labor social que realizamos.
“No contamos con personalidad jurídica propia, lo que complica la gestión formal de recursos y espacios. El apoyo institucional existe en algunos casos puntuales, pero no es sistemático ni estructurado.
“Emocionalmente es muy duro. Hay días en que sentimos que no damos abasto, pero seguimos porque sabemos que cada vida cuenta”.
— ¿Ha habido una campaña de educación ciudadana a la altura del Decreto Ley?
— No la suficiente. La mayor parte del trabajo educativo sigue recayendo en los activistas y en las redes sociales. Desde nuestras plataformas en Facebook e Instagram insistimos en la esterilización, la adopción responsable y el respeto. Pero una política pública requiere campañas masivas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo”.
—¿Desde su conocimiento, se están aplicando sanciones que disuadan al maltratador?
— Tenemos conocimiento de multas aplicadas en algunos casos, pero no es frecuente que se impongan sanciones ejemplarizantes. Las cuantías actuales muchas veces no resultan realmente disuasorias, sobre todo cuando el proceso no es visible públicamente. Para que haya efecto preventivo la sanción debe ser clara, rápida y conocida”.
—Si tuviera que señalar un freno que hoy impida que el bienestar animal sea una realidad plena en Cuba, ¿cuál sería?
— Diría que el principal freno es la falta de recursos, porque impacta directamente en todo lo demás. Sin recursos materiales y humanos es muy difícil que exista una aplicación efectiva, aunque también necesitamos mayor conciencia social y coherencia institucional.
—Si pudiera proponer una reforma inmediata para que el Decreto Ley deje de ser, en muchos casos, “letra muerta”, ¿cuál sería?
— Propondría fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la aplicación de sanciones, con plazos claros y seguimiento obligatorio a las denuncias. Si cada acto de crueldad tuviera una respuesta rápida y visible, la percepción de impunidad disminuiría y la ley tendría, verdaderamente, “garras” operativas.