Por Daniela Alexandra Martínez Ibarra, estudiante de tercer año de Periodismo, Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana./Foto: FAO
Cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó en marzo de 2026 su informe de resultados para el bienio 2024-25 ante la Conferencia Regional reunida en Brasilia, los datos que contiene el documento dibujan un panorama contradictorio para América Latina y el Caribe.
Por un lado, la región completaba su cuarto año consecutivo de reducción del hambre. La prevalencia de subalimentación en Sudamérica había descendido del 5,5 por ciento en 2020 al 3,8 por ciento en 2024, una tendencia que los técnicos de la organización califican como “positiva” y “sostenida”.
Por otro lado, el mismo informe revelaba una realidad mucho más compleja: el costo de una dieta saludable en la región alcanzaba los 5,16 dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA), el más elevado del mundo. Esto significaba que 181,9 millones de personas —el 27 por ciento de la población— simplemente no podían permitirse una nutrición adecuada.
La paradoja no es menor. Mientras los indicadores clásicos de hambre mejoraban, emergía con fuerza una problemática distinta: la inaccesibilidad económica a alimentos nutritivos. Y lo que es más relevante, este fenómeno no afectaba a toda la región por igual.
El informe de la FAO desglosa la realidad subregional con precisión: Sudamérica mantuvo su avance constante, pero las tasas de hambre en el Caribe continuaron siendo “casi tres veces mayores que la media regional”, mientras que en Mesoamérica los progresos simplemente se estancaron.
Para comprender por qué la región enfrenta esta encrucijada, el documento de la FAO ofrece tres claves interpretativas que funcionan como el telón de fondo del bienio 2024-25.
La primera es la persistencia de la inflación en los precios de los alimentos. A lo largo del bienio, este fenómeno afectó de forma desproporcionada a los hogares de bajos ingresos, a las mujeres y a las comunidades rurales.
No se trata de un problema generalizado de disponibilidad de alimentos, sino de acceso: los alimentos están, pero los sectores más vulnerables no pueden pagarlos. La FAO registró que el costo de una dieta saludable en la región se convirtió en el más alto del mundo, lo que determinó que la organización concentrara sus esfuerzos en “potenciar la asequibilidad mediante intervenciones adaptadas a las subregiones”.
La segunda clave es la reorientación de los flujos de financiación internacional. Durante el bienio, América Latina y el Caribe experimentaron una disminución de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), acompañada de una reducción de la asistencia bilateral.
El informe lo atribuye a “ajustes geopolíticos más amplios y a la presión fiscal a nivel nacional en los países donantes”. En términos prácticos, esto significa que la región debió enfrentar sus problemas alimentarios con menos recursos externos, lo que obligó a los gobiernos y a organismos como la FAO a buscar fuentes alternativas de financiamiento, incluyendo la cooperación Sur-Sur y la movilización de recursos nacionales.
La tercera clave, quizás la más estructural, es la presión climática sobre los sistemas agroalimentarios. Los datos del informe son elocuentes: la agricultura representa aproximadamente el 23 por ciento del total de las pérdidas económicas resultantes de desastres, proporción que se eleva al 65 por ciento en el caso específico de las sequías.
A esto se suma que la ampliación de la superficie agrícola y el uso intensivo de insumos químicos continúan presionando los suelos y los recursos hídricos. El cambio climático no es, en este contexto, una variable más: es un factor que redefine las posibilidades productivas de la región.
Frente a este escenario, el informe detalla cómo la FAO estructuró su trabajo en torno a cuatro prioridades regionales, alineadas con su Marco Estratégico 2022-2031 y con las “cuatro mejoras” que la organización promueve a nivel global: mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor.
En materia de producción, la FAO impulsó prácticas agrícolas innovadoras y cadenas de valor inclusivas. El Programa Global de Doctores de los Suelos formó a ocho mil agricultores en 11 países en gestión sostenible de suelos.
La iniciativa “Un país, un producto prioritario” permitió a cinco naciones reforzar las cadenas de valor de productos específicos con estrategias sectoriales y tecnologías validadas. Y en sanidad agropecuaria, más de 12 mil participantes recibieron capacitación regional bajo el enfoque “Una sola salud”, que vincula la salud humana, animal y ambiental.
Por el ámbito de la nutrición, los resultados muestran avances en la institucionalización de políticas alimentarias. Los 33 miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reafirmaron su compromiso con la actualización del Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre.
Seis países avanzaron en proyectos de legislación sobre etiquetado nutricional frontal de envases, y 20 integraron los indicadores de la escala de experiencia de inseguridad alimentaria en sus encuestas nacionales, lo que permite una toma de decisiones más fundamentada en datos objetivos.
En la dimensión ambiental, la FAO facilitó el acceso a financiamiento climático por 158,5 millones de dólares, provenientes de fondos como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima. La Plataforma de Acción Climática en Agricultura de América Latina y el Caribe (PLACA) se consolidó como un espacio de coordinación interministerial, con más de 9.000 participantes en sus actividades. Y en el Corredor Seco de Mesoamérica, se fortalecieron las capacidades técnicas para la conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas.
Finalmente, en el eje de desarrollo rural y resiliencia, la Iniciativa Mano de la Mano emergió como el principal instrumento de estructuración de inversiones. Quince países desarrollaron programas nacionales de inversión y tres programas subregionales avanzaron en coordinación con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM). La cartera total de inversiones estructuradas alcanzó los 2940 millones de dólares destinados al desarrollo territorial sostenible.
Movilización de recursos
Un aspecto que el documento destaca con particular énfasis es la capacidad de la FAO para movilizar recursos en un contexto de restricción financiera global. Durante el bienio, la organización ayudó a los países a acceder a contribuciones voluntarias por valor de 400 millones de dólares, además de cofinanciamiento y coinversiones comprometidas por 900 millones de dólares adicionales.
La ejecución programática incluyó 397 proyectos de campo, con un presupuesto total de 1130 millones de dólares. Paralelamente, la FAO invirtió 77,8 millones de dólares de su Programa ordinario (excluyendo proyectos de cooperación técnica) para ejecutar el programa de trabajo regional.
Estas cifras adquieren relevancia si se considera que el contexto de financiamiento para el desarrollo en la región se contrajo durante el mismo periodo. La capacidad de movilizar recursos alternativos —incluyendo fondos climáticos, alianzas con bancos regionales de desarrollo y cooperación Sur-Sur— se convirtió en un factor crítico para mantener los programas en marcha.
La FAO y Cuba
En el contexto caribeño, Cuba aparece mencionada en el documento con especificidades que merecen un análisis aparte.
En el ámbito de la producción de alimentos, el informe registra que el archipiélago cubano forma parte de los países que recibieron asistencia técnica de la FAO para la implementación de políticas de género en el sector agroalimentario. Específicamente, el documento incluye al país entre los 15 donde la FAO proporcionó asistencia técnica para “incorporar la igualdad de género en todas las políticas, legislación y planes sectoriales”.
En materia de respuesta a emergencias, el informe menciona a Cuba dentro del grupo de nueve naciones que fortalecieron su capacidad para planificar y aplicar acciones anticipatorias en respuesta a sequías, inundaciones y ciclones tropicales. Dada la ubicación geográfica de isla de las Antillas y su exposición recurrente a fenómenos atmosféricos extremos, este punto adquiere particular relevancia. El documento precisa que en siete los países caribeños se elaboraron protocolos específicos de acción anticipatoria, aunque no desglosa cuáles.
Igualmente, en el capítulo de sistemas agroalimentarios resilientes, Cuba también figura entre los territorios donde la FAO llevó a cabo encuestas del sistema de vigilancia “Datos en Emergencias”, junto a Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Este mecanismo permite recopilar información en contextos de crisis para fundamentar la toma de decisiones.
Sin embargo, el informe no proporciona cifras desagregadas sobre la magnitud de la asistencia a Cuba ni sobre los montos específicos de inversión en el país. La mención se limita a incluirlo en listados regionales sin cuantificar el alcance de las intervenciones.
Esta ausencia de datos específicos puede interpretarse de varias maneras. Podría deberse a las limitaciones propias de un documento de síntesis regional, que prioriza las tendencias generales sobre los casos particulares. También podría reflejar las dificultades de acceso y operación en un contexto nacional marcado por restricciones económicas estructurales y un bloqueo comercial que, aunque no mencionado en el informe de la FAO, constituye un elemento del escenario en que se desenvuelve la agricultura cubana.
Lo que el documento sí permite inferir es que Cuba enfrenta, agravados, los mismos desafíos que el resto del Caribe: alta vulnerabilidad climática, dependencia de alimentos importados, presiones inflacionarias y dificultades de acceso a financiamiento externo. La diferencia radica en que, en el caso cubano, estos factores se combinan con una estructura económica centralizada y las sanciones externas ya mencionadas, elementos que condicionan cualquier intervención en el sector agroalimentario.
Asociaciones transformadoras
En paralelo, el informe dedica un capítulo extenso a lo que denomina “asociaciones transformadoras”, un aspecto que la FAO considera clave para entender los resultados del bienio.
A nivel regional, la organización profundizó sus vínculos con los mecanismos de integración existentes. Con la CARICOM, trabajó en la iniciativa “25 para 2025”, destinada a reducir las importaciones de alimentos y fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios en el Caribe. Con el SICA, impulsó medidas de adaptación al cambio climático en el Corredor Seco. Y con la OTCA, avanzó en un plan regional de inversiones para la bioeconomía de la Amazonía.
La FAO, además, fortaleció su colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el caso de este último, estableció un acuerdo marco que le permite canalizar recursos a través de acuerdos de asistencia técnica con los gobiernos, lo que refuerza la cooperación a gran escala.
La organización reporta cinco colaboraciones formales con entidades del sector privado, incluyendo el respaldo a la creación del Fondo para la inversión en sistemas alimentarios del Caribe, un fondo público-privado que busca movilizar 500 millones de dólares antes de 2027 para apoyar a pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario.
Con la academia se fortalecieron vínculos mediante acuerdos y plataformas regionales que representan a más de 250 universidades, cuyo objetivo es mejorar el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades.
Hacia el final del documento, la FAO incluye un apartado de “enseñanzas estratégicas y dirección futura” que funciona como una autoevaluación de su trabajo y, simultáneamente, como una advertencia sobre los problemas que la región deberá enfrentar en los próximos años.
La primera enseñanza es que el enfoque de las “cuatro mejoras” ha demostrado desde su perspectiva, ser eficaz para promover los objetivos de la organización y ayudar a los Miembros a impulsar la transformación de los sistemas agroalimentarios.
Como segunda enseñanza, menos optimista, está que el “crecimiento persistentemente bajo de la productividad en la región sigue siendo un grave escollo estructural que socava los progresos en materia de seguridad alimentaria, reducción de la pobreza y resiliencia al cambio climático”. El diagnóstico es contundente: sin un aumento sostenido de la productividad, los avances en otros frentes corren el riesgo de estancarse o revertirse.
La tercera enseñanza apunta a la necesidad de enfoques multisectoriales. Programas como el de alimentación escolar demuestran que conectar la educación, la agricultura y la protección social genera sinergias que potencian los resultados. El informe sugiere que esta lógica de integración debería extenderse a otras áreas.
El cuarto punto, quizás el más preocupante, es el diagnóstico sobre las limitaciones de financiación. El documento señala que “la reducción de las inversiones públicas, el carácter fragmentario del gasto y el acceso desigual al capital privado limitan los progresos en materia de productividad, resiliencia e inclusión”. Y agrega que “ampliar el margen de maniobra fiscal, movilizar financiación combinada y financiación para el clima, mejorar la armonización de la productividad y reducir la contaminación ambiental son algunos de los desafíos que enfrentan los países en desarrollo”.
Detrás de las palabras
Un análisis interpretativo completo debe considerar no solo lo que el documento afirma, sino también aquello que omite o aborda de manera tangencial.
El informe no menciona explícitamente el bloqueo económico a Cuba ni otras sanciones internacionales que afectan a países de la región. Esta omisión puede ser comprensible en un documento técnico de una organización multilateral que debe mantener relaciones de cooperación con todos sus estados miembros, pero también implica que el análisis de las dificultades específicas de ciertos países queda incompleto.
Tampoco profundiza en las desigualdades internas dentro de los países. Aunque menciona que la inflación afecta desproporcionadamente a hogares de bajos ingresos, mujeres y comunidades rurales, no ofrece un desglose por estratos socioeconómicos que permita dimensionar con precisión la brecha interna en cada nación.
No hay una evaluación crítica sobre la efectividad diferenciada de los programas en distintos contextos nacionales. El informe tiende a presentar los resultados de manera agregada, lo que impide identificar qué tipo de intervenciones funcionan mejor en qué tipo de países.
A pesar de todos estos elementos, queda claro que América Latina y el Caribe se encuentran en una encrucijada. Los avances logrados en el bienio 2024-25 demuestran que es posible progresar incluso en condiciones adversas. Pero las brechas persistentes indican que el camino hacia sistemas agroalimentarios verdaderamente inclusivos y sostenibles será largo y exigirá esfuerzos sostenidos durante los próximos años.