El proceso de consultas del Anteproyecto de Ley -General de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) se va enriqueciendo paulatinamente con un amplio debate territorial que recoge aportes sustanciales y preocupaciones de académicos, investigadores, empresarios y autoridades gubernamentales.
Las provincias de Pinar del Río y Artemisa tuvieron sus intercambios el pasado jueves con la presencia de Daimar Cánovas, Director Jurídico del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), y sus respectivas delegadas territoriales.
Aunque esta vez en Pinar del Río la participación fue más discreta que en la jornada del proceso de construcción colectiva para conformar el anteproyecto, se abordó un tema esencial: el de la educación
El Dr. en Ciencias Técnicas y Académico de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC), Rafael Martínez Silva, inició el debate con una referencia al planteamiento de Fidel de que “Cuba debe convertirse en una gran universidad” y luego a la icónica frase hombres y mujeres de ciencia y pensamiento.
En ese sentido, destacó el papel de la educación como elemento básico para la ciencia e hizo mención a la necesidad de incluir de manera explícita en el documento, además de las universidades que ya aparecen, a los centros universitarios.
“Todos sabemos que para que haya desarrollo sostenible tiene que haber municipalidad, y si no hay educación en la municipalidad no hay desarrollo sostenible. Por tanto, considero que concretamente debe aparecer ‘univerdades (de carácter nacional) y centros universitarios (carácter municipal)”.
Por su parte, la subdelegada de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, Madalyts Esquijarosa Ferro, fue directa en sus apuntes. Sobre el artículo 15, perteneciente al capítulo I Del Sistema de CTI (Sección Segunda: órganos asesores y consultivos), expresó que no se hace referencia ni al consejo provincial ni a las comisiones municipales de las ciencias sociales, así como tampoco al polo científico productivo. Sim embargo, más adelante en el documento se habla de la atención diferenciada a las ciencias sociales y foros territoriales.
También expuso su duda en relación con “cuándo vamos a utilizar el término de ‘talento humano y cuándo el de ‘potencial humano’ “.
Además, añadió un tercer planteamiento referente a los instrumentos de la planificación. Según explicó, se habla en la resolución del fórum del plan de innovación que forma parte del plan de la economía, pero aún el de innovación se sigue quedando fuera del plan de CTI.
“No tenemos con qué fuerza legal exigir este plan de innovación si se sigue hablando de un modelo de generalización”, señaló Esquijarosa Ferro.
Joel Martínez Maqueira, director del Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales ECOVIDA, manifestó su preocupación por el impacto de la nueva ley en las entidades de ciencia y las empresas de alta tecnología (ETI) luego de la derogación del Decreto ley 323 y el Decreto ley 7. Inquirió si era necesario un nuevo proceso de legalización o si su estatus se mantendría. También mencionó el tema del acceso a fondos internacionales de este tipo de empresas en comparación con los centros de investigación.
Odalys Labrador Machín, Presidenta de la Sociedad Nacional de Cooperativismo de la ANEC, sugirió dos enmiendas al anteproyecto. En primer lugar que, además de las empresas estatales, se incluyan explícitamente a las cooperativas y otros actores económicos no estatales para que figuren en la normativa.
En segundo lugar, Labrador Machín sugirió revisar la redacción del artículo 10.1 sobre investigaciones en seres humanos, para que no se limite solamente a las ciencias biomédicas, sino que también reconozca el papel crucial de las ciencias sociales en este tipo de estudios.
Una profunda preocupación porque la redacción de la ley de ciencia le resulta ambigua en los aspectos cruciales para retener el capital humano en el sistema científico explicitó Vidal Pérez, investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales ECOVIDA.
Una búsqueda gramatical realizada por él al documento sugiere que en términos clave como “retención”, “incentivo”, “estimulación” y “remuneración” aparecen muy pocas veces o sin un mandato legal fuerte, a diferencia de “formación” que se repite frecuentemente. Su llamado radicó principalmente en revisar cómo el nuevo proyecto de ley busca garantizar la permanencia de los profesionales en el sistema de CTI.
Por último, Vidal Pérez abordó el tema de las desigualdades de condiciones entre las universidades (presupuestadas) y otras entidades que deben ser rentables.
Una nueva modificación vino de la voz de Idania Varela, directora de Operaciones del Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGT) de Pinar del Río, quien propuso un cambio al artículo 84 (inciso a) donde se menciona específicamente la “Norma Cubana NC 1307” para la certificación de los sistemas de gestión de la innovación.
La argumentación principal es que, “al tratarse de una ley, no debe referenciar una norma técnica específica porque estas están sujetas a cambios y revisiones constantes, lo que obligaría a modificar la ley cada vez que la norma se actualice”. En su lugar, la ley debería hacer referencia a la “familia de normas” correspondiente (como las ISO 56000) para garantizar mayor flexibilidad y vigencia del marco legal.
En ese sentido, Daimar Cánovas, Director Jurídico del CITMA reconoció que esa discordancia viene de una situación puntual entre la necesidad de concretar la norma (exigencia hecha luego de la presentación del documento al Ministerio de Justicia) y la inconveniencia de vincular la ley a una norma técnica específica y cambiante.
Por último, el director científico del Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales ECOVIDA, Yosvany Lemus, planteó que si bien la Resolución 287 permite bonificar los resultados de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, esta normativa excluye al personal de áreas como museos y jardines botánicos que también generan resultados científicos.
“Esta exclusión crea un conflicto interno, fomenta la salida de buenos profesionales de esas áreas y genera incoherencia, ya que quienes contribuyen a los ingresos institucionales a través de servicios comerciales no pueden acceder a estas bonificaciones”, comentó al auditorio al tiempo que recomendó tenerlo en cuenta para la propuesta final de Ley.
Moldear la Ley a nuestra realidad
Con la misma tónica de propiciar diálogos profundos, cambios concretos, dudas y propuestas a partir del estudio previo del anteproyecto, el propio jueves se realizó el debate en la provincia de Artemisa.
Siguiendo la misma dinámica del espacio de opiniones generado en la mañana, se presentó el documento de consulta y luego el auditorio tomó la palabra.
La vicerrectora de la Universidad de la Universidad de Artemisa, María Luisa Ramos Grandal, destacó aspectos positivos de la ley como sus mecanismos de gobernanza y la conexión entre ciencia, desarrollo local y financiamiento.
No obstante, aprovechó la ocasión para esclarecer una duda relacionada con el artículo 89 que hace referencia al financiamiento. En ese sentido reflexionó sobre la falta de claridad en cuanto a la independencia de las universidades para ejecutar el presupuesto, ya que este debe pasar por las direcciones provinciales de economía y otras entidades estatales. La académica propuso establecer un acápite que defina de manera clara el mecanismo.
Luego tomó la palabra Miguel Enrique Charbonet Martell, Jefe del Grupo de la Calidad en la Universidad de Artemisa y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien manifestó su inquietud por la posible superposición conceptual entre algunos de los principios en que se basa el documento, como “humanismo” y “valores”, sugiriendo la necesidad de definir mejor su jerarquía.
“Hay un principio que habla de `humanismo´ y otro `valores´ cuando es el humanismo uno de los valores. Puede estar declarado él por si solo por su rango o jerarquía o puede estar perdido dentro del conjunto de principios de respeto de los valores”, dijo.
Como un elemento novedoso destacó la inclusión del “acceso al conocimiento” en el objeto de la ley, un punto que le genera interés por su vinculación con él proceso de elaboración de la primera ley de Educación de Cuba.
También valoró de significativo el reconocimiento del papel de la ciencia y la tecnología en el Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, expuso la falta de una métrica clara que conecte de manera coherente la contribución de la ciencia al PIB con una mejora tangible en el nivel de vida y la satisfacción de la población.
Por otro lado, la intervención de Rafaela Cruzada, profesora de la Universidad de Artemisa, se centró en la necesidad de incluir e incentivar la participación de los actores económicos no estatales (trabajadores por cuenta propia, microempresas, cooperativas) en el desarrollo científico y de innovación del país.
Propuso que “la ley no obligue, pero sí fomente y facilite la participación” de estos actores, reconociendo el papel económico y social que ya juegan.
El joven Yusdiel León Castillo, perteneciente a la red de jóvenes investigadores del Ministerio de Educación Superior hizo una muy breve intervención para hacer alusión a dos elementos. Uno enfocado en cambiar el término “extranjera” por “internacionales” en el artículo 2, para un concepto más global y cooperativo.
En segundo orden habló de eliminar la palabra “jóvenes” del artículo 35, el cual se refiere a los programas de becas doctorales y posdoctorales, en aras de hacer más inclusivas estas opciones de superación.