El pasado jueves el edificio Varona de la Universidad de La Habana acogió nuevamente el debate del anteproyecto de Ley General CTI con una amplia diversidad de opiniones por parte de profesores y académicos de universidades e instituciones de la enseñanza superior del país.
Antes de dar la palabra al auditorio, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Dr. C. Armando Rodríguez Batista, comentó algunos elementos cruciales de la ley, así como temas recurrentes en debates previos y cambios en los que ya se ha venido trabajando por su debida pertinencia dentro del texto.
El titular del CITMA afirmó que se ha llegado a este momento porque “desde el año 2015 han comenzado a funcionar un grupo de nuevos mecanismos para transformar nuestro sistema de ciencia, porque existe hoy una fundación en esta universidad, empresas de interfaces y sistemas de programas de proyecto que incluyen incentivos económicos, porque dijimos que era una gestión de gobierno basada en ciencia e innovación, por eso y por unas cuantas cosas que nos ponen en mejores condiciones para intentar un salto superior”.
Agregó que esta “no es una ley para complacer sino para transformar mejor las cosas y por supuesto, para lograr todo aquello que aún no se haya implementado por la falta de comprensión, desconocimiento, descuido, burocratismo o por la falta de interrelación entre diferentes sectores y organismos”.
También mencionó que el documento debe sacar capaz de dar solución como el pago de la remuneración a todos los estudiantes de Cuba que hoy están vinculados a proyectos, la implementación de la norma que garantiza que la remuneración se incluya en la jubilación, y que el pago por antigüedad se aplique a todos los sectores.
“Eso ya no es un tema de legislación, eso es un tema de interpretación y será el principal reto de la ley. Pero en la medida que tengamos un instrumento de mayor jerarquía, tendremos también más fuerza para combatirlo”, dijo.
Asimismo aseguró que es una prioridad del documento “lograr que el potencial científico de Cuba sea el mismo donde quiera que esté”. De ahí la idea que se ha promovido de que tanto las universidades como las entidades de ciencia (que no vienen de la educación) sean equivalentes para el contexto de esta ley. Así como también está previsto el tema de la alianza público-privado en el desarrollo de empresas de base tecnológica.
A la par, reconoció que existe hoy una discusión asociada al tema de la “economía del conocimiento” y que “ley podía tener una visión economicista porque dice más veces la palabra empresa, que centro de investigación” y consideró que “para parecerse el país que tenemos es necesario apostar por un tejido económico y social innovador, por tanto, esta ley no puede hablar solamente de las universidades”. “Las universidades y los centros de investigación tienen que ser el foco, pero la ley también tiene que abrir caminos para que toda la institución cubana sea innovadora y utilizar incentivos para ellos”.
Concluyó hablando sobre “los dos nudos gordos” que, desde su percepción, tiene hoy la ciencia en el país. Por un lado el tema del potencial científico, el potencial humano; y por otro, el de responder a la pregunta ¿Cuál es la forma o las formas de gestión económica de una institución de ciencia incluida en la universidad de la Cuba de hoy?
El reto de la interpretación
La intervención del Director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, Raúl Guinovart Díaz, marcó el inicio del debate que se extendió por varias horas.
Más que una propuesta fue una duda. “¿Es propósito de la ley facilitar el acceso a los datos con el objetivo de que se puedan aplicar modelos teóricos a la solución de los problemas de la sociedad? porque no lo veo reflejado”, dijo y dejó abierta la interrogante que luego tomó más fuerza en otros parlamentos.
De acuerdo al criterio de un gobierno basado en ciencia donde se estimule o exija a las instituciones el acercamiento a las universidades o centros de investigación para encontrar una contraparte que ayude a entender mejor los problemas, Guinovart Díaz preguntó sobre cómo la ley prevé “obligar” a las instituciones cubanas a usar la ciencia en la obtención de resultados productivos y servicios.
En ese sentido expresó: “Actualmente muchas empresas obtienen resultados exitosos de determinados productos que luego se comienzan a comercializar y aparecen en el mercado, pero no se innova para que ese producto crezca y evolucione. Entonces, queda la duda de si se aplica la ciencia o no”.
Añadió que: “incluso en la dirección de los procesos del país, a veces, se dan determinadas intervenciones en los medios públicos carentes de fundamento científico pues no están basadas en datos, ni en el análisis de estos”.
Lixandra Bravo Ilisástigui, vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE), retomó el tema de los datos. En su experiencia ha sido muy complejo este asunto: en más de un año trabajando para un proyecto del Ministerio de Comercio Interior, que requiere un análisis de datos biográficos y el cálculo de rutas óptimas, poco ha podido avanzar por los diversos escollos para acceder a estos.
Sobre ello, consideró que en todas las empresas debería existir un consejo técnico-asesor, o al menos la ley debería identificar un organismo que ayude a que las políticas de desarrollo estén vinculadas realmente a la ciencia para que los resultados superen la producción actual.
Asimismo, relacionado con el artículo 35 -que aborda el tema de las becas de doctorado y posdoctorado, quién las propone y quién las organiza-, sugirió revisar experiencias exitosas de otros países que podrían ser útiles. En ese caso, habló de las empresas extranjeras que publican convocatorias de becas para resolver un problema propio:
“Yo creo que, si bien la convocatoria debe estar asociada a un programa o una institución de formación, no deberían ser estas las únicas opciones, porque hoy ni las universidades, ni los centros científicos, tienen el presupuesto para ello. Creo que debería ampliarse el enfoque”.
El Dr.C. Antonio Aja Díaz, profesor titular y director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, se refirió a cinco aspectos que están muy asociados a la complejidad social que hoy vive el país. Al respecto, señaló la importancia de contextualizar la ley en relación a qué sociedad tenemos y cuáles son nuestros problemas.
Por supuesto, hizo alusión al tema de la población y a su dinámica, al tiempo que recordó: “Esta ley la estamos trabajando, se legislará, y luego se aprobará para una sociedad extremadamente envejecida que seguirá siendo envejecida porque no hay ningún elemento científico, ni en la historia, ni de lo que está pasando, que indique que dejará de serlo. Hoy somos nueve millones de habitantes, de ellos el 25,7 por ciento es de 60 años y más. Esta dinámica, que era la proyectada para el 2030, ya la tenemos en estos momentos, y para el 2030 las proyecciones son mucho más alarmantes porque tendremos una cifra cercana a la de 1959, que éramos seis millones de habitantes, con el nivel de envejecimiento que no teníamos en ese año”.
Aja resaltó el impacto que tiene la composición demográfica de nuestro país para todos los procesos económicos, sociales, científicos, tecnócratas, etc, y dejó claro que para el futuro Cuba tendrá menor cantidad de jóvenes y por ende, menos doctores y masters para ampliar su potencial científico y tecnológico.
En segundo lugar, propuso declarar en el documento la importancia de la interrelación de todas las ciencias y su contribución en el análisis, la proyección y las propuestas económicas, sociales, tecnológicas, de todo tipo. Asimismo, apuntó la desconexión que existe hoy entre las estrategias de desarrollo económico y social de cualquier provincia -o municipio- y su realidad, y la necesidad de gobernar con ciencia, sobre la base de un intercambio mutuo.
Además, recalcó el tema del acceso a los datos para potenciar el análisis científico en nuestro país: “Tenemos que acabar de romper los compartimentos de estanco con relación a los datos sociales, humanísticos, y sobre todo, ‘del resto’: esto no, esto sí, esta encuesta sí, pero esta no”.
Por último, el profesor titular sugirió en la página 5 del texto, cuando se habla del potencial humano, tener en cuenta otros términos relacionados con el fenómeno migratorio como el retorno del potencial científico cubano en el exterior y la circulación del conocimiento y de ese potencial.
En otro momento del debate, intervino el Dr. C. Yudivián Almeida, vicepresidente del Consejo Científico de la Universidad de La Habana, quien expresó su inconformidad con el documento presentado pues siente que carece del “espíritu de fomento” y promoción de una ley y se sostiene sobre enfoques burocráticos.
El experto se refirió al acceso a los datos, haciendo énfasis en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual reconoce “no está publicada en la Gaceta oficial después de un año y cuatro meses de su aprobación”, en donde el CITMA consta como máximo responsable de su cumplimiento, en tanto, es también suya la responsabilidad del acceso a datos y de que se cumplan por el resto de las instituciones, expresó. “Sin datos no hay ciencia, por tanto, yo no concibo que el anteproyecto de la Ley General de CTI no haga mención al uso de los datos, desde el punto de vista de cómo utilizarlos datos y su importancia para desarrollar la investigación”.
Por otra parte, Yudivián Almeida, aprovechó la ocasión para rescatar el tema del correcto uso de las palabras y coincide, al igual que otros investigadores, que la palabra “empresa” aparece en demasía en la Ley. En sentido dijo: “Yo creo que el uso de palabras significa conceptos, significa intencionalidad, de hecho, creo que la ley debe modificar el modo en que la ciencia se relaciona con las empresas pero no debe ser competencia, sino más bien incentivar esa relación”.
Otras opiniones emitidas por los participantes en el debate fueron recogidas por el Grupo Temporal de Trabajo y la dirección del CITMA, para tenerlas en cuenta a la hora de elaborar la propuesta final.