Las redes están llenas de propuestas. A veces no se ve la cara de los voceadores; otras, se muestran a cámara, se exhiben sin el más mínimo remilgo, se vanaglorian de sus capturas, compiten a ver quién se lleva más. Se sienten seguros. Los perfiles de Facebook no esconden los nombres (negritos de Ciego de Ávila; Cazadores nueviteros…); se ponen precios, se regatea, se compra y vende.
Entre agosto y noviembre de cada año ocurre la migración de las aves del hemisferio norte al sur, en busca de refugio y alimentación durante el invierno. Unas 280 especies entre rapaces, patos, playeras y aves terrestres pasan o permanecen en Cuba.
Esta vez la arribazón de aves migratorias ha sido grande y los cazadores están “haciendo su zafra” ilegal, a ojos de todos, sin que pase nada, o casi nada. En las fotos alardean desde Trinidad, en Sancti Spíritus; desde Camajuaní, en Villa Clara; Camalote, Esmeralada y Nuevitas, en Camagüey.
Y mucho más cerca. A San Antonio de los Baños, por ejemplo, dentro de la misma área protegida, llegan por decenas, en motos, los cazadores. Y siempre se van con las manos llenas. Hace solo unos días BAC-Habana denunciaba en su perfil en Facebook cómo en zonas de La Habana, específicamente el Parque Metropolitano y el Cotorro, “se estaban colocando jaulas trampa para capturar azulejos y otras aves migratorias”.
Leyes hay suficientes para detener esta barbaridad ambiental. La Constitución de la República, en su artículo 90, establece que es deber de todos los ciudadanos cubanos proteger los recursos naturales, la flora y la fauna y velar por la conservación de un medio ambiente sano.
Y avalan esa intención la Ley 150/2022 del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, aprobada en mayo de 2022, el Decreto Ley No. 200/99 de las Contravenciones en Materia de Medio Ambiente y la Resolución 160/2011, que explica las regulaciones para el control y la protección de especies de especial significación para la diversidad biológica en el país.
Pero hay mucho más que respalda ponerle un coto a esta situación que se repite año tras año, como si fuera el ciclo olímpico de un deporte. El artículo 254.2 del Código Penal expresa que “quien importe, exporte o trafique especies no autóctonas, sus partes o derivados, que estén protegidas por los tratados internacionales en vigor para nuestro Estado, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años o multa de quinientas a mil cuotas, o ambas.
La sanción crece hasta los 8 años de privación de libertad si tales hechos se hacen en un área protegida, utilizando medios de extracción masiva o sustancias tóxicas o formando parte de un grupo de tres o más personas.
Nos consta a quienes llevamos años escribiendo sobre este tema, que en las capturas y tráfico ilegal de aves migratorias participan varias personas, sobre todo hombres, en solitario o en grupo, y también adolescentes y en ocasiones hasta niños. Y usan pegamentos y otras artes de captura masiva y se introducen en las áreas protegidas.
En el año 2022 compartíamos en redes un video donde denunciábamos las capturas masivas de azulejones y degollados. 12 meses más tarde, en el reportaje “Biodiversidad, una canción desesperada” el entonces director de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), reconocía la escasez de inspectores y que frente a los ilícitos en las redes “ellos no son investigadores para identificar dónde y cuándo actuar y tienen restricciones legales para acceder al interior de las viviendas”.
Algunas personas, naturalistas y otros expertos con las que JT ha interactuado sobre este tema afirman, además, que la polícía no puede intervenir si no hay denuncia.
¿Qué hacemos entonces? No podemos seguir dejando pasar esta especie de tragedia anual anunciada. La migración de las aves debería ser motivo de goce y asombro, no de maltrato y comercio. Y ya no basta con indignarse. Cada ave que no regresa es también una pérdida para nuestra identidad, nuestra biodiversidad y nuestra conciencia colectiva.