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Cambio climático: la huella invisible de la guerra

Adrián Pérez Mecías
20 noviembre 2026 | 0 |

Rafah/Cordon Press


El 11 de noviembre de 2026, en el pabellón de conferencias de Antalya (Turquía), el presidente de la COP31, Murat Kurum, lanzó una pregunta que los delegados de casi doscientos países prefirieron ignorar: “¿Qué significa gastar el cinco por ciento en defensa si no tienes un país donde vivir?”.

La interpelación, recogida por la agencia Reuters, era el resumen de una contradicción que atraviesa la política climática internacional desde su fundación: mientras los gobiernos negocian cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta, la guerra, responsable de una parte de esas emisiones, sigue creciendo a un ritmo que ningún acuerdo multilateral ha logrado contener.

Ese mismo día, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) confirmaba que el gasto militar mundial había alcanzado, solo en 2025, los 2,887 billones de dólares. La cifra representa un 2,9 por ciento más que el año anterior y supone el undécimo año consecutivo de aumento. El dinero que podría financiar la transición energética, la adaptación climática y la reparación de los daños extremos se destina, cada vez en mayor proporción, a la producción de armas, el mantenimiento de bases militares y a la preparación para la guerra.

La ciencia ha empezado a poner cifras cuando la política se niega a mirar. En mayo de 2026, la revista Journal of Environmental Management publicó una revisión sistemática titulada “From conflict to climate crisis: How wars shape the future environment”, que analizó 263 estudios y 36 informes publicados entre 2014 y 2025. Sus autores, Doorgha Ragoobur, Sarah A. Saran y Soroush Abolfathi, concluyeron que la actividad militar es “un punto ciego actual en la política climática global”. La revisión encontró que las fuerzas armadas y sus cadenas de suministro generan, aproximadamente, el 5,5 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Si los ejércitos del mundo fueran un país, serían el cuarto mayor emisor del planeta, solo por detrás de China, Estados Unidos y la India.

Sin embargo, la información que los gobiernos reportan a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) cubre solo una fracción mínima de ese total. El reporte es voluntario, desigual y, en muchos casos, deliberadamente opaco. Los países agrupan sus emisiones militares en categorías genéricas como “otras, no especificadas” o “navegación militar”. Esto hace imposible saber cuánto emiten realmente, si esas emisiones están aumentando y qué planes tienen para reducirlas. En la práctica, la contabilidad internacional permite que la guerra contamine sin dejar rastro en los balances.

Ese vacío tiene consecuencias medibles en territorios concretos, donde la destrucción militar anula cualquier posibilidad de adaptación. Gaza es el caso más documentado. Un estudio publicado en marzo de 2026 en la revista One Earth, en colaboración con el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente (CEOBS), estimó que la huella de carbono total de la guerra en la Franja superó los 33,2 millones de toneladas de CO₂ equivalente.

Las operaciones militares directas generaron alrededor de 1,9 millones de toneladas, mientras que las otras 29,8 provienen de la remoción de escombros y la reconstrucción de los edificios destruidos. La mayor parte de la huella no se produce durante el bombardeo, sino en la lenta y costosa tarea de limpiar los destrozos que la guerra dejó atrás. Y esa tarea se convierte en una fuente permanente de emisiones.

De acuerdo con los datos presentados en la cumbre, en la Franja se acumulan 68,1 millones de toneladas de escombros. Más del 90 por ciento de la infraestructura de saneamiento ha sido dañada y todas las plantas de tratamiento de aguas residuales han sido destruidas. La guerra no solo mata; envenena el agua, esteriliza la tierra y garantiza que la reconstrucción sea, en sí misma, un nuevo evento climático.

A mil kilómetros de allí, en el estrecho de Ormuz, el conflicto ha desatado una catástrofe ambiental de otra escala. Entre el 10 y el 12 de noviembre de 2026, al menos cinco petroleros fueron atacados por proyectiles o colisionaron con minas en la ruta marítima más transitada del planeta. Dos superpetroleros que transportaban más de cuatro millones de barriles de crudo ardieron tras explosiones en el estrecho. El resultado: la interrupción del suministro energético global.

Según datos satelitales y de Greenpeace citados por medios internacionales, se han registrado más de 500 episodios de derrames de petróleo que cubren un área acumulada de aproximadamente 20 mil kilómetros cuadrados en el Golfo y el mar de Arabia. La contaminación ha alcanzado las costas de Omán y de los Emiratos Árabes Unidos, obligando a cerrar playas y a movilizar comités de emergencia. Los expertos advierten que el daño a los ecosistemas marinos del Golfo es irreversible. Un ataque a un buque petrolero se convierte, en cuestión de horas, en un ataque a la biodiversidad, a la pesca y a la calidad de vida de comunidades enteras.

En Líbano, la destrucción ha sido más silenciosa, pero igualmente sistemática. Un informe del Consejo Nacional para la Investigación Científica de Líbano (CNRS-L), publicado en abril de 2026, documentó el impacto de la guerra de 2023-2024 sobre los ecosistemas del país.  Aproximadamente 5 mil hectáreas de cubierta forestal fueron dañadas o destruidas, incluyendo bosques de hoja ancha, pinos y pinos piñoneros que albergan hábitats críticos para la biodiversidad.

Otras 2 mil 154 hectáreas y plantaciones fueron arrasadas, con 814 hectáreas de olivares y 637 de cítricos perdidas. Los daños directos a la infraestructura agrícola se estimaron en 118 millones de dólares, mientras que las pérdidas económicas generales del conflicto alcanzaron los 586 millones. El informe también documentó que la guerra generó cerca de 16 millones de toneladas de escombros y que la reconstrucción requerirá una inversión estimada de 6 mil800 millones de dólares en daños físicos y 7 mil 200 en pérdidas económicas.

La dimensión económica de esta destrucción revela una trampa donde los países afectados no pueden escapar por sí solos. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en un documento de posicionamiento publicado el 29 de octubre de 2026, advirtió que las poblaciones que viven en territorios afectados por conflictos armados se encuentran entre las más vulnerables a los efectos del cambio climático, porque disponen de menos recursos para adaptarse.

El organismo humanitario fue explícito: en lugar de recibir subvenciones, muchos de estos países se ven obligados a recurrir a préstamos costosos para reconstruir sus infraestructuras, lo que genera un círculo vicioso de deuda y vulnerabilidad. El CICR señaló que los proyectos a largo plazo se consideran inviables en zonas de alta inestabilidad, lo que deja a millones de personas excluidas de la financiación climática, precisamente porque viven donde el clima y la guerra se combinan con mayor virulencia. La organización pidió a los gobiernos que prioricen las subvenciones y los mecanismos de financiación concesional para evitar que la deuda agrave la situación de estos países. Es una petición que choca con la lógica de un sistema financiero internacional que trata el riesgo como una razón para no invertir, y no como una razón para intervenir.

La propia arquitectura de las negociaciones climáticas refleja esta desconexión. Aunque la COP31 albergó eventos paralelos sobre los costos climáticos del gasto militar, organizados por el CEOBS, el SIPRI y la Universidad de Wisconsin, entre otros, el vínculo entre conflicto y clima no constituye un eje autónomo de las negociaciones formales sobre reducción de emisiones. No hubo una jornada temática dedicada a la paz. Es altamente probable que las emisiones militares queden fuera del texto final de decisiones de la conferencia. El Mecanismo de Seguridad Climática de Naciones Unidas (CSM) ha anunciado la preparación de un informe sobre el estado del clima, la paz y la seguridad para la COP32, pero se trata de un paso descriptivo, no normativo.

Mientras tanto, el gasto militar sigue creciendo, los ejércitos siguen quemando combustibles fósiles y los territorios en conflicto siguen perdiendo la capacidad de resistir el próximo embate del clima. La paz, en este contexto, es una tecnología de adaptación tan concreta como un sistema de alerta temprana o un dique de contención. Y hasta que la política climática internacional no la reconozca como tal, la adaptación seguirá siendo un privilegio de los países que tienen la suerte de no estar en guerra.

Ante este panorama de destrucción documentada, silencios contables y fondos que fluyen hacia la maquinaria de guerra en lugar de hacia la supervivencia climática, surge una pregunta ineludible: si los ejércitos del mundo fueran un país, ¿por qué la ONU les permite operar al margen de los tratados que obligan al resto de las naciones a rendir cuentas?

El secreto mejor guardado de la crisis climática

La respuesta a esta interrogante se encuentra reflejada en la exclusión de los ejércitos de los acuerdos climáticos globales como concesión política. En 1997, durante las negociaciones del Protocolo de Kioto, la delegación de los Estados Unidos, respaldada por otros países con grandes presupuestos de defensa, presionó para que las emisiones de sus fuerzas armadas quedaran fuera de los objetivos vinculantes de reducción. El argumento esgrimido fue la seguridad nacional: los datos sobre el consumo de combustible de los aviones de combate, los portaaviones y las bases militares no podían ser auditados por observadores internacionales sin comprometer secretos estratégicos.

Aquella excepción, aprobada en un contexto geopolítico específico, se convirtió, con el paso de los años, en un agujero negro para la contabilidad del carbono. El Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente (CEOBS), una de las pocas organizaciones que lleva más de una década rastreando estos datos, lo confirma: la información que los países reportan a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) cubre solo una fracción mínima de lo que realmente emiten sus ejércitos.

La relación entre la expansión militar y el calentamiento global es una curva económica medible. Un estudio de la Universidad Bocconi, de Milán, cuyos resultados han sido citados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), estimó que un aumento de un solo punto porcentual del gasto militar en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) de un país eleva sus emisiones nacionales hasta en un dos por ciento.

Si se aplica esa lógica a escala global, el resultado es un círculo vicioso perfectamente engrasado. Con el aumento anual de los presupuestos de defensa –y llevan once años consecutivos haciéndolo–, la maquinaria que produce esas emisiones se expande. Se trata de una infraestructura permanente que sostiene a los ejércitos: las bases militares, los puertos, las fábricas de armamento, los satélites de vigilancia y las cadenas logísticas transcontinentales. Todo eso consume energía, y toda esa energía emite carbono que ningún inventario nacional está obligado a contabilizar.

El vacío contable tiene consecuencias físicas en los territorios bombardeados. Un análisis de la Initiative on GHG Accounting of War y el CEOBS, difundido en vísperas de la COP31, calculó que solo los primeros catorce días de la guerra en Irán generaron más de cinco millones de toneladas de CO₂ equivalente. Esa cifra, que supera las emisiones anuales de varios pequeños Estados insulares combinados, no aparece en ningún balance oficial. No está en el inventario de Irán, ni en el de Estados Unidos, ni en el de Israel. Simplemente, no existe para el sistema.

Lo mismo ocurre con la reconstrucción. Los millones de toneladas de escombros que dejó la guerra en Gaza, y que las agencias de la ONU han documentado, contienen “carbono incorporado”: el que se emitió al fabricar el cemento, el acero y el vidrio de los edificios que luego fueron destruidos. Ese carbono, que tardará décadas en ser reabsorbido por el planeta, tampoco se suma a la cuenta.

Mantener este secreto durante casi treinta años no ha sido gratuito. Ha requerido una complicidad activa por parte de la burocracia climática internacional, que prefiere no abrir cajas que puedan incomodar a sus principales contribuyentes. Mientras las emisiones militares sigan excluidas de los tratados, los balances globales de gases de efecto invernadero seguirán siendo una ficción estadística. Y la guerra, como demuestran los datos del Journal of Environmental Management, es una de las actividades humanas más intensivas en carbono que existen. La pregunta que queda flotando, y que ningún delegado en Antalya se atrevió a formular en voz alta, es si acaso el sistema climático internacional está diseñado para medir la paz, o simplemente para no medir la guerra.

El envenenamiento invisible del territorio

La destrucción de infraestructura es solo la capa más visible del daño ambiental de una guerra. Debajo de los escombros, en el agua que se estanca y en el suelo que se contamina, se libra una segunda batalla que se prolongará durante décadas después del silencio de las armas. La guerra moderna también envenena el territorio con una mezcla de sustancias tóxicas, que van desde el amianto de los edificios bombardeados hasta los metales pesados de las municiones, pasando por el petróleo derramado y las aguas fecales sin tratar. Estos químicos destruyen la base ecológica que sostiene la vida y anulan cualquier posibilidad de adaptación al cambio climático. Y lo hace, además, con una impunidad casi total: a diferencia de las emisiones de CO₂, que al menos son objeto de debate en las cumbres, la contaminación tóxica de los conflictos rara vez se mide, se reporta o se sanciona.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos ha documentado cómo los conflictos armados liberan, lo que la ONU denomina “remanentes tóxicos de la guerra”. Estas no son armas químicas en el sentido estricto, sino el resultado de la destrucción industrial y urbana.

Teherán/Foto:Jaime León / EFE

Cuando un misil impacta en una fábrica, un hospital o un edificio residencial, libera al ambiente una combinación letal de sustancias. El amianto, utilizado durante décadas en la construcción, es uno de los más peligrosos. En la Franja de Gaza, los equipos de emergencia y los propios desplazados respiran a diario partículas de este material cancerígeno, al remover las ruinas de sus hogares, sin mascarillas ni equipos de protección. La exposición prolongada al amianto pulverizado no causa un daño inmediato, pero siembra la semilla de cánceres y enfermedades respiratorias crónicas que colapsarán el ya devastado sistema de salud local en los próximos veinte años.

El agua, vehículo perfecto para la contaminación, ha sido utilizada como arma de destrucción masiva. La voladura deliberada de sistemas de saneamiento y plantas de tratamiento en zonas de conflicto provoca que las aguas residuales se mezclen con los acuíferos subterráneos. En el caso de Gaza, la totalidad de sus plantas de tratamiento fueron destruidas en los primeros meses de la ofensiva, lo que obliga a verter miles de metros cúbicos de aguas negras al mar Mediterráneo y a las tierras agrícolas. Esto provoca brotes de enfermedades infecciosas, como el cólera y la poliomielitis, que habían sido erradicadas en la región. La contaminación del agua es una estrategia de asfixia biológica que hace inhabitable un territorio a largo plazo.

En Líbano, el envenenamiento tiene nombre y apellidos. Un estudio de mayo de 2026, realizado por la organización independiente Source International, analizó muestras de suelo y agua en la gobernación de Nabatieh, una de las zonas más castigadas por los bombardeos. Los resultados fueron alarmantes: se detectaron concentraciones elevadas de metales pesados como plomo, antimonio, cobre y zinc, además de indicios compatibles con el uso de municiones de uranio empobrecido.

Estos metales no desaparecen con la lluvia ni se degradan con el tiempo. Se infiltran en la tierra, son absorbidos por las raíces de los cultivos y se acumulan en la cadena alimentaria. El río Litani, la principal fuente de agua dulce del país, arrastra estos sedimentos tóxicos hacia el sur, contaminando los regadíos y afectando a comunidades que dependen de la agricultura para sobrevivir. Los olivares, símbolo de la identidad libanesa y motor económico, están creciendo sobre suelo envenenado.

Pero hay un contaminante aún más silencioso y persistente: las espumas contra incendios. Las bases militares y los aeropuertos utilizan grandes cantidades de espumas acuosas formadoras de película (AFFF, por sus siglas en inglés) para entrenamientos y para apagar incendios de combustible. Estas espumas contienen sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas como “químicos eternos” porque no se descomponen en la naturaleza.

Estos químicos se acumulan en el agua subterránea y están vinculadas a problemas de tiroides, daños hepáticos, infertilidad y varios tipos de cáncer. Aunque no se ha medido su presencia en los acuíferos de Gaza, Líbano o Irán, los expertos que es prácticamente inevitable que el agua potable esté contaminada con estas sustancias.

Foto: Getty Images, tomada de la BBC

Dicha situación tiene una implicación directa para la crisis climática que va mucho más allá de las emisiones de gases. Un territorio envenenado es un territorio incapaz de adaptarse. Para que un ecosistema pueda resistir una sequía prolongada o una inundación repentina, necesita suelos vivos, microorganismos, materia orgánica y agua limpia. La guerra aniquila todo eso. Un suelo saturado de metales pesados no puede retener agua ni sostener la vegetación que protege contra la erosión. Un acuífero contaminado con PFAS no puede utilizarse para irrigar cultivos en tiempos de escasez. Las estrategias de adaptación climática, como la agricultura regenerativa o la reforestación, son biológicamente imposibles en tierras tóxicas.

La comunidad internacional mira hacia otro lado ante esta devastación. La Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales prohíben el uso de métodos de guerra que causen daños severos y duraderos al medio ambiente. Sin embargo, no existen mecanismos de monitoreo independiente ni sanciones efectivas para quienes violan estas normas.

En la COP31, los países debatieron sobre la financiación para “pérdidas y daños” causados por el clima, pero no se incluyeron los costos de la descontaminación de los territorios afectados por guerras. La limpieza de los suelos, la purificación del agua y el tratamiento de las enfermedades derivadas de la contaminación de la guerra no están en la agenda climática. Son daños que, simplemente, no se contabilizan. Y mientras la política mira para otro lado, los tóxicos se filtran lentamente hacia las capas freáticas, acumulándose en los cultivos y en los cuerpos de quienes viven entre los escombros.

El precio de la paz

La cuenta de la destrucción climática de las guerras no se cierra cuando se apagan los bombardeos. Se paga durante décadas, en forma de deuda, de territorios envenenados y de una capacidad de adaptación reducida a escombros. Y ese pago no lo hacen quienes provocan los conflictos, sino las poblaciones que sobreviven a ellos.

No obstante, los donantes internacionales consideran que invertir en zonas de conflicto es demasiado riesgoso. Los proyectos a largo plazo se descartan porque nadie garantiza que sobrevivan a la próxima ofensiva militar. El resultado: los fondos climáticos fluyen hacia donde las condiciones son estables, dejando a los territorios más castigados por la guerra y el clima en un limbo financiero, de donde no pueden salir por sí solos.

La escala de esa exclusión es abrumadora. Un análisis de PreventionWeb, difundido en vísperas de la cumbre, reveló un dato que debería avergonzar a la comunidad internacional: 19 de los 25 países más vulnerables al cambio climático están también afectados por conflictos armados. Y cuanto más frágil es un Estado, menos financiación climática ha recibido históricamente.

La lógica del donante es de inversor: prefiere colocar su dinero donde las instituciones funcionan, donde hay un gobierno que puede rendir cuentas y donde el riesgo de destrucción del proyecto sea bajo Pero esa lógica, aplicada al clima, condena a los más vulnerables a la intemperie. Un país que acaba de salir de una guerra no puede permitirse el lujo de esperar a que su situación se estabilice para empezar a adaptarse al calor extremo o a las inundaciones. La emergencia climática no tiene la cortesía de esperar a que se firme un tratado de paz.

El CICR fue explícito en sus demandas a los negociadores. Exigió que la financiación llegue en forma de subvenciones o fondos altamente concesionales, no de préstamos que agraven la deuda de naciones ya quebradas por la guerra. En la práctica, muchos de estos países se ven obligados a pedir créditos para reconstruir lo que los bombardeos destruyeron, y luego deben pagar esos créditos con recursos que podrían haber destinado a energías renovables o a protección costera.

La guerra destruye la infraestructura; la reconstrucción genera deuda, y la deuda impide invertir en la adaptación que podría haber mitigado el próximo desastre climático. Los países que sobreviven a las bombas terminan firmando cheques en blanco a las instituciones financieras internacionales, hipotecando su futuro climático para pagar el costo de su pasado reciente.

Para dimensionar la magnitud de esta trampa, basta con analizar esta cifra. El Fondo de Adaptación para los países en desarrollo apenas supera los cien mil millones de dólares prometidos anualmente. Es decir, el mundo gasta casi 29 veces más en prepararse para la guerra que en prepararse para el clima. Y la brecha sigue creciendo: mientras el gasto militar suma su undécimo año consecutivo de aumento, los fondos para la adaptación climática en zonas de conflicto se estancan o retroceden.

El costo de la reconstrucción de los territorios devastados no hace más que agravar esta asfixia financiera. Un informe del Banco Mundial y las Naciones Unidas sobre Ucrania estimó que la reconstrucción costará cerca de 486 mil millones de dólares, una cifra que equivale a casi tres veces el PIB anual de ese país antes de la guerra.

En Gaza, las evaluaciones preliminares de la ONU sugieren que la limpieza de escombros y la reconstrucción de la infraestructura básica requerirán más de 50 mil millones de dólares, una inversión titánica para un territorio que ya dependía de la ayuda internacional. Estos no son fondos que vayan a salir de las arcas de los países agresores. Saldrán de los presupuestos de los propios países afectados, de la ayuda humanitaria internacional o, en el peor de los casos, de nuevos préstamos que enterrarán a estas naciones en un ciclo de deuda perpetua.

El Parlamento Europeo, en una resolución aprobada en el marco de la COP31, fue uno de los pocos organismos que se atrevió a señalar a los responsables. Instó a que las entidades reconocidas como responsables de conflictos, por la Corte Internacional de Justicia, rindan cuentas no solo por los daños directos, sino también por los costos climáticos y medioambientales de la guerra, la ocupación y la reconstrucción posterior.

Es una petición de justicia que choca con la realidad de un sistema internacional, en el cual principales emisores a causa de las guerras tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad y donde las potencias que financian las guerras son las mismas que lideran las negociaciones climáticas. La rendición de cuentas se queda, por ahora, en un texto sin fuerza vinculante.

La conclusión es incómoda, pero ineludible Un país en guerra no puede adaptarse al cambio climático porque está demasiado ocupado sobreviviendo al conflicto. Sus instituciones están destruidas, sus recursos financieros comprometidos con la reconstrucción y su territorio está contaminado con tóxicos que ningún tratado climático está diseñado para medir o reparar.

La adaptación climática requiere estabilidad, planificación a largo plazo e inversión sostenida. La guerra es todo lo contrario. Por eso, mientras la comunidad internacional siga tratando esta situación como un tema aparte, un asunto de defensa y seguridad, que no compete a los negociadores climáticos, la adaptación seguirá siendo un privilegio de los países que tienen la suerte de no estar en conflicto bélico.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lo formuló con claridad: “No puede haber paz sin acción climática, ni acción climática sin paz”. Este diagnóstico demuestra, una vez más, que la crisis climática y los conflictos armados son dos caras de la misma moneda: un sistema económico y político que trata la destrucción como un costo asumible. La transición energética será incompleta mientras la maquinaria de guerra siga consumiendo combustibles fósiles con impunidad. La adaptación climática será una quimera mientras los territorios más vulnerables estén envenenados por la guerra. Y la paz será frágil mientras el clima siga desestabilizando las condiciones de vida que la hacen posible.

La COP31 puede romper ese círculo, pero no lo hace. Y mientras los delegados abandonan Antalya, el reloj de la deuda sigue corriendo en Beirut, en Gaza, en Teherán. La factura de esa omisión la seguirán pagando, como siempre, los que menos tienen. Con los pulmones llenos de amianto, la tierra estéril bajo los pies y la certeza de que, para ellos, la próxima catástrofe climática será la huella invisible de una guerra que nunca termina.

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