Ilustración: generada con Gemini
Hace unos días, Dalia Spa, negocio privado de estética, ubicado en la ciudad de Camagüey, publicó un reel (video corto) en sus redes sociales, para publicitar cinco nuevos servicios.
Al diseño de cejas, colocación de pestañas, tratamientos faciales y la depilación láser, sumaron consultas de… ¡medicina interna, cardiología, ginecobstetricia, dermatología e imagenología!
Sí, atención médica privada, promocionada con música de fondo, y la invitación a cuidarnos no solo por fuera, sino también por dentro, que es lo más importante…
“Comenta la palabra MEDICINA y te mandamos los precios y servicios al Dm”, se leía en el copy, del que JT conservó captura de pantalla porque ya fueron retirados esos anuncios.
¿Servicios médicos dispensados por entidades privadas? ¿La atención médica como recurso lucrativo? ¿Hacia dónde se tuerce esta nación que, aun en medio de severas dificultades, ha logrado mantener vigente para toda la población, como un derecho humano inalienable, público, el acceso universal y gratuito a la salud?
Tras el deterioro impuesto de la calidad de estos servicios, así como la menguante disponibilidad de profesionales, recursos y medicamentos en la red hospitalaria y de policlínicos, algunos, con disímiles intenciones, comienzan a celebrar la incipiente privatización como si fuera legítima alternativa, si no la solución de los problemas. Como si un dolor se aliviara efectivamente con dólares.
Otros llegan a argumentar que, en definitiva, ya es práctica bastante extendida la atención medica “particular”, con pagos en dinero u otros artículos. Por si no fueran evidentes esas señales de soterrada corrupción, cómo justificar que se ofrece incluso dentro las instalaciones de salud, con los recursos destinados por el Estado para ese fin público y hasta en los horarios en que el personal que brinda ese “servicio privado” está percibiendo una remuneración como empleado.
Después de tanto y, sobre todo, después de haber logrado el acceso universal y gratuito a la atención de salud, sigue vigente ese espíritu en la Constitución de la República, cuyo artículo 72 estipula:
“La salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación”, lo cual se ratifica años después en la Ley de la Salud Pública (165/2023), cuando en su artículo 3 señala: “El Estado organiza la prestación de los servicios de atención, protección y recuperación como un servicio público accesible, gratuito, seguro y con calidad…”
Por su parte, el Decreto 160/2026 presenta un acápite que especifica las actividades no autorizadas o condicionadas para el ejercicio por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, las cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia. La legislación estableció como no autorizadas a los actores económicos no estatales las actividades técnicas y profesionales de la atención médica y social, así como a otras acciones de los servicios de salud o vinculadas a estas (incluidos los odontológicos), dentro y fuera del Sistema Nacional de Salud. Es decir, permanecerán en reserva del Sistema Nacional de Salud y de su gratuidad.
Nuestra legislación es clara y categórica.
Acciones gritadas a los cuatro vientos como las de Dalia Spa –y las realizadas de manera subrepticia– son anticonstitucionales y, por demás, ilegales.
Son entonces responsables del cumplimiento de la constitución:
Las autoridades que otorgan licencias a los actores económicos no estatales, para la que es preciso supervisar de manera sistémica el cumplimiento del objeto social autorizado y aplicar lo que corresponda en caso de violaciones.
Las instituciones aduanales y comerciales responsables de permitir la entrada al país de equipos médicos profesionales y darles seguimiento hasta su destino declarado.
Los organismos judiciales y fiscalizadores encargados de velar por las garantías amparadas por la Constitución, los cuales deben pronunciarse con claridad y sin dilación ante casos como el que nos ocupa.
La Dirección General de Salud de Camagüey, por su parte, se pronunció en respuesta al reel y actos del citado negocio, y prometió que las autoridades sanitarias y judiciales de la provincia actuarán con todo el rigor que la ley establece contra quienes infrinjan esta normativa.
Asimismo, instó a la población “a no dejarse engañar por ofertas fraudulentas y a denunciar ante las autoridades competentes cualquier intento de lucro con la salud humana”.
Como bien puede interpretarse de la invitación hecha por el comercial del spa, debemos aprender a cuidarnos no solo por fuera, el cuerpo, sino también por dentro, el alma…, por decirlo de alguna manera.
Ante propuestas de privatización de la atención de salud, esa que algunos creen que está bien para unos y no para todos, se debe ser explícito: A vivir con temor de enfermar por no tener con qué pagar el tratamiento, se dice no. A quedar endeudado o arruinado con tal de pagar el tratamiento, se dice no. A morir o ver morir a otros porque no pueden pagar el tratamiento, se dice no. El costo humano y moral de ceder resultaría irreparable.