Por Dr. Orlando Rey (Tomado de la página de Facebook del Dr. Armando Rodríguez, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente)
El primer Climate and Trade Dialogue se celebró en Bonn durante la 64 Reunión de los Órganos Subsidiarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), donde quedó en evidencia una fuerte divergencia entre países desarrollados y en desarrollo sobre cómo abordar la relación entre comercio y clima.
Los países en desarrollo, liderados por el G77 y China, -y con intervenciones de apoyo de LMDC (Daily Coordination Meeting), el Grupo Africano, BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China) y varios estados individuales- insistieron en que el diálogo debe examinar si las medidas comerciales vinculadas al clima, especialmente las unilaterales, son compatibles con la Convención y el Acuerdo de París, en particular con el principio de equidad, las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las respectivas capacidades (CBDR-RC), y con el artículo 3,5 de la Convención, que rechaza restricciones arbitrarias o encubiertas al comercio internacional.
En contraste, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Suiza, Canadá, Nueva Zelanda y otros países desarrollados, defendieron un enfoque más técnico, centrado en intercambio de experiencias, aprendizaje mutuo, interoperabilidad de normas, transparencia y prevención de la “fuga de carbono”, evitando que el proceso se convierta en un espacio de negociación o de escrutinio directo de medidas nacionales concretas.
También mostraron reticencia a duplicar debates ya existentes en la OMC, UNCTAD u otros foros, mientras que muchos países del Sur reclamaron que la UNFCCC sí debe ofrecer un espacio institucional propio para evaluar impactos, mapear medidas vigentes y futuras, y construir una trayectoria de trabajo entre 2026 y 2028.
Otro punto de fricción importante fue el resultado esperado del proceso. Los países en desarrollo pidieron reportes sustantivos tras cada diálogo, continuidad institucional, posible creación de un programa de trabajo, designación de cofacilitadores e incluso un tema específico de agenda; los desarrollados prefirieron limitarse a un único informe general en 2028.
En el fondo, el debate gira en torno a medidas como los ajustes en frontera, restricciones por deforestación, estándares de intensidad de carbono, debida diligencia corporativa y otros requisitos regulatorios que, en consideración de muchos países en desarrollo, trasladan costos de la transición al Sur, restringen acceso a mercados, afectan exportaciones, empleo, ingresos fiscales e industrialización, y pueden convertirse en nuevas formas de proteccionismo bajo lenguaje climático.
Para Cuba, las implicaciones son significativas porque su economía enfrenta simultáneamente alta vulnerabilidad climática, limitada disponibilidad de financiamiento, baja holgura fiscal, fuerte dependencia de importaciones y dificultades estructurales de inserción competitiva en cadenas globales, en un proceso agravado por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano.
En ese contexto, la proliferación de medidas comerciales climáticas -huella de carbono, trazabilidad, certificaciones ambientales, diligencia debida o futuros ajustes fronterizos- puede elevar costos de cumplimiento para exportaciones cubanas actuales o potenciales, incluso en sectores donde el país necesitaría expandirse para obtener divisas.
Además, si los estándares son diseñados sin apoyo financiero, tecnológico y de creación de capacidades, Cuba podría experimentar dificultades en el acceso a mercados, justo cuando necesita modernizar infraestructura, energía y logística para adaptarse y descarbonizarse.
Al mismo tiempo, este debate abre una ventana para Cuba dentro del G77 y China y otras coaliciones del Sur. La posición que defiende el rechazo a las medidas unilaterales, una transición justa, con trato diferenciado, y cooperación tecnológica, tiene muchos puntos de coincidencia con nuestros intereses nacionales.
Una estrategia razonable sería apoyar la institucionalización de este tema en la UNFCCC, insistir en el rechazo a las medidas unilaterales y en que cualquier medida comercial climática incorpore flexibilidad para economías vulnerables y buscar que se reconozcan necesidades específicas de pequeños Estados insulares, incluyendo el financiamiento y la transferencia tecnológica.
Artículo relacionado: