Una breve representación de varias instituciones de BioCubaFarma y del sector de la salud pública analizaron, este miércoles 29 de octubre, el anteproyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En esta ocasión el debate se concentró en torno a la función de las empresas, cómo remunerar y estimular al capital humano para que permanezca en las instituciones científicas y no emigren a otros sectores y las nuevas formas de financiamiento que propone la norma jurídica.
Para la Dra. C. Amaylid Arteaga García, directora del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (CENCEC) resulta esencial poder remunerar a aquellos investigadores que han participado en la ejecución de ensayos clínicos en el trabajo directo con los pacientes.
“Hoy existe una manera de pagar a los investigadores por la intervención en la actividad de ensayos clínicos, pero en la práctica no siempre es posible aplicarlo con facilidad porque pasa por la firma de un contrato individual”.
La directiva señaló que cuando los estudios se realizan en una sola institución de salud no existen problemas; no obstante, cuando requieren de la colaboración de más de cien entidades, con miles de investigadores, es difícil poder compensar a cada uno, a través del Sistema de programas y proyectos.
“Esa es una gran dificultad que tenemos en la actividad de ensayos clínicos para el sistema nacional de salud. Porque una cosa son los servicios científico técnicos que puedan apuntar a una institución como la nuestra, que tiene una manera de generar ingresos y otra a los médicos y las enfermeras, el personal y equipos de investigaciones de los centros asistenciales.
“Y entiendo que no podemos pretender que una ley lo diga todo, pero no podemos seguir olvidando cada vez que vayamos a hacer instrumentos legales que nos permitan beneficiar al participante en este tipo de investigaciones, que queden fuera”.
Al respecto, la Dra. C. Andrea Armas, Rodríguez directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación del CITMA dijo que “en el sector de la salud ha sido muy complejo implementar lo relacionado con el propio Sistema de programas y proyectos, dada la masividad.
“Sobre todo, lo que tiene que ver con la participación de investigadores y profesionales en la actividad científica. A veces por el financiamiento, por el presupuesto existente, que no tiene la capacidad de cubrir todo lo que se hace. Pero tenemos, sin dudas, que buscar la variante que ayude a irle dando solución al problema”.
Otro de los temas abordados fue el desarrollo empresarial y la migración de los científicos a otros sectores mejor remunerados.
El Dr. C. Oscar Ledea, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) mencionó que la norma jurídica hace referencia a nuevos crecimientos empresariales, aspecto que le plantea la duda de “si esto puede actuar en contra de las estructuras estatales, algo que no queda claro en el texto”. Principalmente en el tema salario, renglón más afectado en la actualidad.
“Hoy nos está pasando que hay una migración de este sector hacia otros más remunerados en el país, y eso debilita la estructura estatal que debe ser la base del desarrollo social”.
Por su parte, la Dra. Belinda Sánchez, al frente de la dirección de Inmunología e Inmunoterapia del Centro de Inmunología Molecular (CIM) subrayó que no solo están perdiendo a los jóvenes, a los que hay que proteger, sino a los investigadores más experimentados.
“En el artículo 37 se hace alusión al Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos, y cómo este tiene el objetivo de incrementar, elevar la calificación… mediante el reconocimiento, la remuneración y otros estímulos acordes con su contribución individual.
“Yo estoy de acuerdo y creo que la ley es muy revolucionaria en el sentido de que hay que internacionalizarlo, pero para generalizar la investigación hay que formar gente en Cuba, y tenemos un problema grave de emigración hasta en la cátedra cubana”.
En cuanto a esto, subrayó que es importante protegerla porque están perdiendo al personal científico en las universidades y también “en los centros de BioCubaFarma”.
Una forma de lograr ese cometido, indicó, era a través del Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos, “pero hasta ahora no ha sido implementado y quiero saber si una vez que se apruebe la ley se hará” .
En respuesta a la duda planteada por la Dra. C. Belinda Sánchez, la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación del CITMA expresó que “es un instrumento que estamos proponiendo. La ley plasma un grupo de ideas que hay que implementar para la transformación.
“En todas las propuestas que hemos tenido, el capítulo de capital humano constituye uno de fundamentales, porque si no tenemos ese potencial no tenemos sistema de ciencias. Entonces el documento está tratando de introducir un programa integral de atención.
“Estamos incorporando un grupo de instrumentos, algunos ya están posicionados y otros, como este caso, queremos posicionarlo, y debe llegar con el reglamento que acompañará la implementación de la ley. Pero teníamos que dejar uno o dos artículos que le dieran entrada al Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos de Cuba como un instrumento que complemente este trabajo”.
Según la Dra. C. Talena Ledon Pérez, directora adjunta Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), resulta extremadamente complejo revisar la ley sin ver cómo se va a aplicar.
“Tengo la preocupación de que estemos discutiendo un documento que tienen que revisar otros organismos y que después no podamos aplicarlo porque hay cosas que dependen de ellos.
“El tema de financiamiento hoy ha funcionado, aunque tiene miles de trabas. Si se hace de la forma en la que está planteado (en la ley) y no se organiza adecuadamente puede haber dificultades.
“El artículo 97 dice que las Empresas de Alta Tecnología, las de Base Tecnológica y las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación, pueden operar directamente cuentas bancarias en divisas para la captación y ejecución de financiamiento de Ciencia, Tecnología e Innovación.
“Sin embargo, las empresas hoy no tienen cuenta en divisas. Tenían y se quitaron. Se cambió toda la organización, desaparecieron y se gestiona, al menos en BioCubaFarma, por la OSDE. No obstante, esta es una norma para todo el país. Si no se revisa de una forma concienzuda vamos a aprobar una ley que después no se podrá aplicar”.
La Dra. C. Andrea Armas Rodríguez puntualizó que, “este proceso de consulta especializada persigue darle mayor integralidad a la propuesta que se está haciendo, y propiciar la participación de los distintos actores del Sistema de ciencia, tecnología e innovación (SCTI) de todo el país.
“Hay conceptos que tienen que quedar claros, la ley en cualquier escenario es la norma jurídica de mayor jerarquía. Cuando esta es aprobada todas las normas jurídicas que se subordinan tienen que ser modificadas y conciliadas, en correspondencia con lo que se ratificó.
“Por eso es que es un proceso complejo. Esta propuesta de ley se llevará a la Asamblea Nacional cuando esté aprobada por Consejo de Ministros. Todos los organismos que forman parte de ese Consejo y que son vinculantes a lo que aquí se está proponiendo tienen que haber aprobado o estar de acuerdo con que eso salga de esta manera”, explicó la directiva.
Asimismo aseguró que lo que está reflejado en el anteproyecto es fruto de un diagnóstico que se realizó para conocer los problemas existentes en el SCTI en Cuba y uno de los más graves fue el del financiamiento. Es por eso que en la ley hay un capítulo particular sobre ese tema.
“Con eso quiero subrayar que todas estas propuestas que estamos haciendo responden a soluciones de trabas y problemas que tiene, en este caso, el sistema empresarial.
“Entonces la ley tiene que convencer que en ese proceso de transformación del SCTI está asumida esta manera de hacer las cosas. Ese es el gran reto que tenemos hoy: convencer a la dirección del país de que la solución de los problemas transita, entre otras cosas, por estas propuestas innovadoras, novedosas que estamos haciendo”.