El pasado año comenzamos a tener noticias de la iniciativa Stop Killing Videogames, llevada adelante por ciudadanos de la Unión Europea. Ya alcanzó el millón de votos, que significa que el organismo regional deberá considerar la formulación de una ley que aborde el problema. Ese era uno de sus principales objetivos.
La petición, creada por Ross Scott, fue una respuesta directa a la decisión de Ubisoft de retirar The Crew de las tiendas en línea, cerrar los servidores del juego en 2024 y revocar las licencias de los jugadores que lo compraron. En resumen, que aunque los jugadores pagaron por el producto no podían seguir disfrutándolo.
Solicita “que se exija a los distribuidores que venden o conceden licencias de videojuegos a los consumidores de la Unión Europea (o prestaciones y elementos vendidos para los videojuegos que comercializan) que mantengan dichos videojuegos en un estado funcional (apto para el juego)”, reflejan en su web oficial. Alcanzado la cifra de firmas necesarias, ¿Cuáles son los próximos pasos?
Lo primero es verificar la veracidad de esas firmas, un tema del cual ya alertó Scott. “Esta no es una petición de change.org, es un proceso gubernamental”. Añadió que se necesita al menos un 10% más de firmas para cubrir las que podrían ser inválidas. Hasta el siete de julio, más de 1.2 millones de personas habían dejado su rúbrica en la propuesta.
Como era de esperar, la industria ha reaccionado a la iniciativa Stop Killing Videogames a través de un comunicado lanzado el pasado viernes por la asociación Video Games Europe, que agrupa estudios y empresas como Activision Blizzard, Bandai Namco, Ubisoft, Microsoft, Nintendo, Roblox y Warner Bros Games.
“La decisión de suspender los servicios en línea es multifacética, nunca se toma a la ligera y debe ser una opción para las empresas cuando una experiencia en línea ya no es comercialmente viable. Entendemos que puede ser decepcionante para los jugadores, pero cuando ocurre, la industria se asegura de que reciban una notificación justa de los posibles cambios, de conformidad con las leyes locales de protección al consumidor”, reza el comunicado.
La agrupación valora a los videojuegos no como obras estáticas, sino en constante evolución. Ante la idea de permitir servidores privados para esos juegos. Video Games Europe argumenta que podría exponer a empresas y a consumidores a actores maliciosos, brechas de seguridad y ataques DDOS.
También opinan que modificar leyes y normativas representará un aumento “en los costos y riesgos del desarrollo de dichos juegos”. Para ellos, obligar la preservación “actuaría como desincentivo para que dichos videojuegos estén disponibles en Europa”, por lo que defienden que los estudios decidan cómo y cuando ofrecer servicios de productos online.
En el fondo, la petición es un nuevo capítulo del debate sobre la propiedad digital. La eliminación de soporte y servidores de videojuegos significa la pérdida de un servicio que se paga, además de una historia y comunidad. Los jugadores están pidiendo que los juegos que se decidan descontinuar sigan estando accesibles en modos online y offline.
La petición puede firmarse hasta el 31 de julio y los trámites para iniciar el debate parlamentario comenzarían a partir de agosto. El millón de firmas es el paso que lleva a eso, y queda por ver qué medidas tomarán los países europeos sobre este tema. Sin dudas puede sentar un precedente y podría escalar a otros países y regiones.
El pasado año explicamos que si lograban el millón de firmas de ciudadanos de la UE había posibilidad de que fuera una ley real. Si se aprueba, la ley requeriría que los editores que venden o licencian videojuegos a consumidores en la Unión Europea (o características y activos relacionados vendidos para videojuegos que operan) dejen dichos videojuegos en un estado funcional (jugable), incluso en el caso de que los servidores se cierren o el estudio cierre.