Por Ana Lauren Miranda Suárez, estudiante de tercer año de Periodismo.
El pasado 13 de abril, se efectuó de manera virtual el Foro Regional “Jóvenes por la Defensa del Océano en América Latina y el Caribe”. Desde videoconferencias con diferentes panelistas se abordaron los desafíos ambientales y sociales que sufren las aguas marinas frente a la creciente explotación y crisis climática.
El evento organizado por The Oxygen Project (TOP) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, desarrolló dos paneles: “Transparencia y participación de los jóvenes en la protección del Océano” e “Impacto de la minería submarina y la necesidad de una moratoria”, ambos centrados en la defensa de los ecosistemas marinos.
Uriel Gonzales, embajador de (TOP) en Santiago de Chile se refirió al océano como un bien común sin exclusión de fronteras. “El daño de ecosistemas marinos de hoy lo estamos recibiendo de generaciones anteriores casi de manera hereditaria. Está en manos de las infancias y juventudes revertir paulatinamente ese daño, por eso es importantes darles voz. Este evento es para unirse en acción”, afirmó durante su intervención.
A su vez, Arabel Alí, analista de políticas climáticas y co-fundadora de Colima Sostenible enfatizó en la necesidad de protección de líderes activistas, lo cual solo lo pueden lograr las organizaciones. “No se logrará nada de manera individual y menos en un proceso legal”, enfatizó.
Alí declaró que es grave el asunto de la pérdida de biodiversidad marina debido a la contaminación, la carencia de humedales costeros, la sobrepesca en altamar. Insistió en que se debe identificar la lucha e incidir colectivamente en la lectura de leyes. “Aunque suene radical, se debería cambiar las formas globales de alimentación y dejar de consumir pescado”.
Por otro lado, Magie Rodríguez, gerente de incidencia política de la Fundación MarViva alegó que la minería submarina quiere lograr una transición energética a energía renovable, a costa del mar. Hay evidencias de que el mar está plagado de minerales concentrados en sus suelos, pero no se sabe cuál sería el daño real de la biodiversidad y los ecosistemas si se sobrexplotan.
“El océano funciona como un todo, si ocurren variaciones en el lecho marino ocurrirán a su vez en altamar. Si dañan a bancos de peces en las profundidades se verá reflejado. La minería submarina traería consigo un impacto ambiental severo y aceleraría el cambio climático”, manifestó Rodríguez.
Estefania Añazco, representante de (TOP) en Ecuador explicó que la minería submarina se trata de aplicar con maquinarias la extracción de recursos naturales en el océano. Estos artefactos serian ruidosos y contaminarían acústicamente el hábitat de diversas especies.
“El fitoplancton, que vive en el fondo marino se nutre de la luz solar, la extracción de estos minerales crearía una turbidez en el medio y contaminaría con productos tóxicos. Muchas especies se alimentan de esta planta, si se viera afectada su reproducción concebiría un efecto en cadena donde ocurrirían muertes masivas de peces y disminución del resto de organismos”, señaló Añazco.
“La extinción de una especie puede afectar el equilibrio biológico. No solo sufriría las consecuencias la biología marina, sino también las comunidades indígenas de la zona, las costeras y a nivel mundial ya que se afectaría severamente su economía”, comentó la representante de TOP.
Al concluir, Camila Rivera, Coordinadora del Foro hizo un llamado para la creación de una declaración conjunta a presentar en los próximos días para la nueva Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú; Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Como parte de los planteamientos a incluir en dicho texto se encontraban: La divulgación de información sobre el proceso de toma de decisión de minería submarina y otros procesos de negociaciones internacionales; participación pública en el marco de estos procesos, la aseguración del acceso a la información ambiental, procesos de generación normativa altamente participativos y transparentes.