Por Yanel Blanco Miranda y Rosmery Pineda Mirabal
Una idea brillante por sí sola carece de valor económico si no puede ser protegida, transferida o convertida en un activo comercializable. Es en ese punto donde las patentes, uno de los elementos que integran la propiedad industrial (PI), dejan de ser un tecnicismo legal para convertirse en una pieza central del desarrollo.
Estos títulos, certificados o documentos oficiales emitidos por la oficina correspondiente de PI, que acredita los derechos exclusivos del inventor de un nuevo producto o procedimiento para ser explotado industrialmente durante un tiempo limitado, constituyen un aspecto importante en la Isla.
Asimismo, en el sector biofarmacéutico cubano este tipo de documento se ha convertido en un activo financiero capaz de cruzar fronteras, con fármacos como el Heberprot-P, que salva extremidades en más de 23 países, o las vacunas Soberana y Abdala, que desafiaron la lógica de las multinacionales durante la pandemia de COVID-19.
Ese privilegio también tiene el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico y ofrecer el disfrute de los beneficios económicos generados por el invento protegido.
Pero este camino no está exento de dificultades y son múltiples las interrogantes que suscita este tema: ¿Cuáles son los mecanismos que implementan los institutos de investigación o los científicos para poder competir con gigantes, los cuales invierten en un día lo que un centro nacional presupuesta para un año? o ¿cómo se protege una invención cuando los canales financieros para pagar las tasas internacionales están bloqueados?
Es importante aclarar que no todas las invenciones (ideas) son merecedoras de una patente, pues estas deben cumplir tres requisitos, avalados mundialmente, para aspirar a ello: novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.
Patentar con conciencia social
Un éxito de la ciencia cubana, que recibió la Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), lo constituye el anticuerpo humanizado Nimotuzumab, desarrollado por el Centro de Inmunología Molecular (CIM) y del cual el Dr. C. Rolando Pérez Rodríguez, asesor científico de BioCubaFarma y vicepresidente de la Academia de Ciencias (ACC), es coinventor.
“La tecnología fue transferida a empresas mixtas en China (donde fue el primer anticuerpo terapéutico producido en el país aprobado para cáncer), India y Tailandia. El producto ha sido registrado en múltiples países, ha tratado a decenas de miles de pacientes oncológicos y ha generado ingresos en divisas superiores a los 150 millones de dólares, convirtiéndose en un ejemplo tangible de cómo una patente puede traducirse en beneficios económicos y de salud pública”, comenta Pérez Rodríguez.
Y es que, aunque pudiese pensarse lo contrario, en Cuba no existe contradicción entre la misión social de la ciencia y la necesidad de patentar.
El Dr. C. Rolando Pérez lo explica de la siguiente manera: “La propiedad intelectual confiere soberanía tecnológica, protege el mercado nacional de las trasnacionales y es condición necesaria para penetrar en los exteriores, que son la fuente de divisas para financiar el acceso universal a nuestros medicamentos”.
Además, aclara que la estrategia de la industria biofarmacéutica cubana está orientada a resolver los principales problemas de salud del país, y que la titularidad estatal de las patentes garantiza que los beneficios tengan una apropiación social, mientras los inventores reciben un certificado de autor y un incentivo económico por su realización comercial.
“Si Cuba no protegiera sus innovaciones, las grandes trasnacionales aprovecharían el conocimiento generado con tanto esfuerzo y limitación de recursos para desarrollar nuevos productos patentados, a los que después solo se podría acceder pagando precios excesivos o, quizás, ni así”, resalta el director de Patentes del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), Raimundo Ubieta Gómez.
En tal sentido, habla acerca de que la protección no es una imposición del mercado, sino una exigencia de la propia soberanía. “Patentar es una defensa estratégica del Sistema de Salud y de la sostenibilidad del país. Por ende, convertir la ciencia en un sector económico que aporte al desarrollo de la nación forma parte de su misión social”.
Criterios de protección: cuándo y por qué
No toda innovación se protege de la misma manera ni bajo la misma figura legal. Antes de solicitar una patente, los centros de investigación se enfrentan a una disyuntiva estratégica: ¿divulgar la invención a cambio de un derecho exclusivo temporal o mantenerla en el secreto industrial para preservarla indefinidamente?
Esta decisión no es binaria, sino que responde a la naturaleza del conocimiento generado, al sector tecnológico del que se trate y al destino comercial previsto para el producto o proceso. Según su experiencia profesional, Raimundo Ubieta considera que la opción del secreto es poco atractiva en la industria biofarmacéutica, porque otros laboratorios trabajan al unísono sobre los mismos problemas y en poco tiempo pueden llegar a resultados similares.
“Una patente asegura al menos 20 años de exclusividad, tiempo suficiente para recuperar la inversión. Por eso, en el Centro la primera opción siempre es esta. El secreto comercial se reserva solo para aquellos conocimientos generados alrededor de la invención que no pueden ser objeto de vigilancia tecnológica por infracción, y cuya única protección es la no divulgación”, afirma.
Durante la pandemia de COVID-19, el CIGB logró patentar las vacunas Abdala y Mambisa en tiempo récord. Ubieta destaca el caso porque a pesar de que la gestión fue la misma, con una intensidad mucho mayor, lograron mantener una información pública de cómo marchaba el proceso sin anunciar completamente los resultados hasta llegado el momento oportuno.
Del laboratorio al mercado
El caso Jusvinza, un fármaco inmunomodulador único, desarrollado en el propio CIGB, es otro ejemplo paradigmático de cómo la protección puede convivir con la misión social de la ciencia cubana. Su líder científica, la Dra. C. María del Carmen Domínguez Horta, habla acerca de este camino sin exceptuar los retos y aprendizajes vividos.
El proyecto fue aprobado en el año 2000, cuando el centro ya contaba con un departamento de patentes y una política institucional de protección de fármacos en desarrollo, impulsada por el entonces director, el Dr. C. Luis Herrera. “La primera patente que protege la idea fundacional del principio activo de Jusvinza, un péptido, se presentó en Cuba el 24 de septiembre de 2024”.
Este proceso, desde la solicitud hasta la concesión, tomó entre cuatro y cinco años. Sobre él, María del Carmen Domínguez enfatiza que los principales obstáculos fueron técnicos y culturales, no burocráticos, como podría pensarse.
El primero de ellos fue “el aprendizaje de la escritura de patentes, un lenguaje completamente distinto al de los artículos científicos, donde hay que resaltar la novedad del fármaco”. El segundo guardó relación con “el hecho de no poder disponer inmediatamente de ese conocimiento, ya que en una empresa farmacéutica sería ingenuo no protegerlo y más cuando el Estado ha invertido grandes recursos en su infraestructura y desarrollo”, confiesa.
El trámite internacional transcurrió favorablemente y hasta la fecha de la entrevista se había presentado en mercados de interés como la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur y Australia.
En su experiencia, cuando una solicitud se concede en uno de los países llamados del primer mundo, después el proceso resulta más viable. Además, considera que el sistema global de patentes farmacéuticas, aunque permite divulgar innovaciones como las cubanas, coloca a los estados más pobres en desventaja debido al alto costo de mantenimiento de estas y a los posibles litigios. De ahí que las nuestras deban ser realmente innovadoras”, alerta Domínguez Horta.
Universidad e industria
Durante mucho tiempo, el investigador cubano hacía su trabajo, llegaba a un resultado y, casi como un trámite final, indagaba si se podía patentar. “Ese era el camino equivocado”, afirma la M. Sc. Arlem Perdomo, jefa del departamento Jurídico y de Propiedad Industrial de la Fundación de Innovación y Desarrollo de la Universidad de La Habana (Fundación UH), quien valora de notable el cambio que ha dado esta institución en cuanto al trabajo con las patentes.
Desde el inicio, la Fundación optó por una variante de gestión propia: cada estrategia de protección se traza antes de empezar a investigar, y lo más importante, debe responder a una demanda real de la industria. “Si a esta no le interesa, ese proyecto no pasa. Así se garantiza que la patente no sea solo un papel, sino un activo con mercado”, señala Perdomo.
Y esto no es un detalle menor. Según explica, antes de que existiera la Fundación UH, la universidad tenía tantas solicitudes como desaciertos. “Se presentaban alrededor de 40 peticiones y la mayoría era denegada porque no cumplía los requisitos de novedad o porque los investigadores caracterizaban el estado del arte solo con publicaciones científicas”.
Ello da lugar a uno de los mayores escollos de la academia cubana, la dicotomía entre publicar y patentar: “los investigadores veían la publicación como su meta máxima”.
En ese sentido, la Fundación ha trabajado en “implementar acuerdos de confidencialidad y entrenamientos prácticos en búsqueda de bases de datos, inculcando que proteger siempre es el primer paso”. Al tiempo que ha logrado internacionalizar todas las patentes que albergan, permitiéndole hacer negocios, exportar o atraer inversión extranjera.
Hasta abril de 2026, esta institución había resguardado con patentes en Cuba, siete invenciones, a razón de dos por año, una cifra modesta pero que destaca por su alta tasa de concesión (mide el porcentaje de solicitudes).
Frutos tangibles de este nuevo sistema son la recuperación de la patente de Nerea, un desarrollo universitario de hace 30 años, que ya hoy cuenta con cinco contratos de transferencia de tecnología con industrias cubanas, además de negociaciones en el exterior. Asimismo, la participación de la UH como cotitular de la vacuna Soberana, lo cual ha generado un retorno en divisas de gran importancia para esta casa de altos estudios y sus laboratorios.
Círculo o espiral
Pese a las incontables experiencias positivas que existen en el registro de patentes, sobre todo en el sector de la biotecnología y la química-farmacéutica (con alrededor del 60 por ciento desde 2012), lo cierto es que “en los últimos cinco años la presentación de solicitudes ha mantenido una tendencia decreciente”, revela Marleny Cruz Gilbert, jefa del departamento de Patentes de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), entidad rectora del Sistema de Propiedad Industrial (SPI), adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).
Esta circunstancia está signada, sobre todo, por la disminución significativa de las peticiones presentadas por no residentes cubanos, “aunque el total anual sigue superando la cantidad de las hechas por residentes, que también ha menguado”.
Datos publicados por la OCPI refieren que si en 2021 la media móvil de las solicitudes era de 107 (83 los extranjeros y 24 los cubanos), para 2025 (últimas cifras divulgadas) solo hubo 34 pedidos, siendo también mayoría los de los no residentes.
Esta situación ha conducido a aprobar nuevos principios para reforzar la institucionalidad de la OCPI y de los actores del SPI, además de proyectar la creación de capacidades que garanticen la protección legal de los resultados científicos y tecnológicos y su gestión eficaz, entre otras premisas.
Según Cruz Gilbert, en Cuba no existe una percepción clara o adecuada de las patentes. “Debe tenerse en cuenta que la protección de soluciones técnicas no puede resultar únicamente del interés de reconocer autoría, para cumplir requisitos para la categorización docente o científica, con el reporte de indicadores en el Sistema de Programas y Proyectos o para optar por la condición de empresa de alta tecnología.
“Si bien es importante contar con un portafolio para estos fines, esto debe responder a las estrategias comerciales de las entidades”, subraya.
Por su parte, el director de Tecnología e Innovación del CITMA, Ruberdanis Tamayo Portales, insiste en que uno de los factores debilitantes es la “insuficiente cultura en materia de propiedad intelectual, en particular lo relacionado con las patentes; en especial, en aquellas personas que deciden las políticas, los empresarios, asesores legales, representantes, investigadores, grupos negociadores, auditores, entre otros. Dando lugar a que se pierdan oportunidades para proteger resultados novedosos de la ciencia”.
Pero, cuál es la causa de que esto suceda: ¿falta de comunicación? ¿Insuficiente gestión del conocimiento?, o, ¿poco control en el cumplimiento de las políticas emitidas al respecto?
En un país donde existe un cuerpo legal a tono con los compromisos internacionales adquiridos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la OMPI, así como una Oficina que lidera los asuntos de propiedad industrial, resulta, cuando menos, preocupante que sus actores no reconozcan la importancia de patentar inventos y procedimientos o no sepan cómo redactar una petición de patentes.
Para Sandra Rodríguez Pérez, jefa del departamento de Información Tecnológica y Difusión de la Propiedad Industrial de la OCPI, aún es incipiente el empleo, por parte de los investigadores, innovadores…, de las herramientas de apoyo que ofrece la Oficina para hacer estas solicitudes.
Es “una cultura en desarrollo” y pese a los esfuerzos realizados (cursos, talleres de capacitación) por la entidad para capacitar sobre estos y otros temas, todavía “persiste un desconocimiento de la vigilancia que se debe llevar a cabo a través de estas herramientas”.
De igual forma, la especialista advierte que “en muchas entidades la gestión de la propiedad industrial no está integrada formalmente en sus estrategias y se prioriza la publicación de artículos científicos: lo que hace pública una investigación o resultado que podría ser patentable. Y esto solo muestra que la patente se ve aún como un trámite final, no como una herramienta de inteligencia competitiva”.
Sobre este asunto, el Dr. C. Rolando Pérez tiene la percepción de que ese incremento de la cultura sobre propiedad intelectual se da en el sector académico, no así en el empresarial (vital para la recuperación de la economía).
El experto subraya que en los académicos hay “conciencia de la necesidad de proteger los resultados de la actividad de investigación-desarrollo”, pero en la actualidad la propiedad intelectual se extiende también al proceso de transferencia tecnológica y este no es lineal.
“Por lo general, requiere de actividades de codesarrollo para madurar la tecnología; de la creación de emprendimientos que incorporan personal académico y, que diversifican el tejido empresarial creando nuevas cadenas de valor”.
Un elemento esencial en el que el Dr. C. Pérez hace hincapié es en la “capitalización del conocimiento. La propiedad intelectual requiere novedad, actividad inventiva y capacidad de industrialización, pero también una propuesta de valor, que permita su comercialización como activo intangible.
“Por tanto, la solicitud de patente debe capturar la estrategia de diferenciación y las ventajas competitivas del producto o tecnología en el mercado internacional”, porque el doméstico –asegura el vicepresidente de la ACC– “es pequeño y no permite recuperar la inversión en alta tecnología”.
Nuevas garantías legales, viejos desafíos
Con la aprobación de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en diciembre de 2025, Cuba reforzó el marco legal para la gestión de patentes, alineándose con las exigencias de la economía del conocimiento.
De acuerdo con Ruberdanis Tamayo, la propiedad industrial adquiere una dimensión estratégica como herramienta de gestión para la diversificar bienes y servicios, integrándose al Sistema Nacional de CTI.
La legislación cubana garantiza derechos exclusivos a los titulares, pero también establece un equilibrio con los objetivos del Estado, de modo que la patente se concibe como instrumento al servicio del desarrollo nacional.
Sin embargo, el propio Tamayo Portales reconoce que aún “no existe un uso adecuado de la propiedad industrial en las distintas fases del ciclo de I+D+i, especialmente en la protección, explotación, transferencia y comercialización de los resultados”.
Mientras la responsabilidad se escurre entre las grietas de un sistema que no logra consolidarse y avanzar, nuevas medidas son expedidas. Un reciente plan de transformaciones económicas y sociales, aprueba que las instituciones, previa autorización, puedan vender sus marcas y patentes en el mercado internacional.
Y si bien puede ser una opción válida para lograr un ingreso monetario que beneficie a esos centros de investigación y al país, si no aumentan las cifras de solicitudes y registros será una medida más, plasmada en blanco y negro sin aplicación real, o solo concentrada en unos pocos sectores como el biofarmacéutico.
La vuelta al orbe: el contexto
La innovación es clave en el crecimiento de la economía mundial y la propiedad industrial está en el centro de muchas de las estrategias empresariales: protegiendo o promoviendo tecnologías revolucionarias, marcas de confianza o diseños atractivos.
Pero, ¿cómo funciona para otros? ¿Cómo ha evolucionado la gestión de la PI (en particular las patentes) en 2026?
Si bien las solicitudes siguen siendo elevadas, con países como China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania a la cabeza, y sectores tecnológicos como el de la inteligencia artificial y el software continúan creciendo, la manera en que las empresas conciben la propiedad industrial ha cambiado.
El enfoque actual va más allá de la simple protección de las ideas, concentrándose en comprender el panorama que las rodea. De esa manera, se busca anticiparse al cambio en vez de reaccionar ante él.
Un ejemplo está en la vigilancia tecnológica. Al mantenerse alta la actividad de patentes es más difícil de rastrear, debido a la cantidad de nuevas publicaciones. Por tanto, el reto no está en inscribir, sino en llevar un archivo de lo que ya se ha registrado, porque en el tiempo que demore a los especialistas designados revisar las decisiones, el panorama pudiera haber cambiado.
Esto generaría un riesgo diferente para las organizaciones, que no proviene de proteger la invención, sino de no saber qué hacen los competidores y las industrias afines.
Otra de las tendencias es concentrar la atención en las solicitudes de patentes publicadas y no en las concedidas. Como estas salen a la luz mucho antes de que sean otorgados los derechos, sirven para analizar los saberes emergentes y cómo marcha la innovación porque esos datos muestran hacia dónde se dirige la tecnología.
El escenario actual exige una transición hacia una gestión más dinámica. Es necesario que la cultura de la propiedad industrial trascienda el laboratorio: esa es la diferencia entre un país que simplemente produce soluciones y uno que gestiona su ingenio como un recurso estratégico no renovable, asegurando que cada avance retorne en beneficios tangibles para su desarrollo.
Sin embargo, más allá de las cifras y los procesos, hay un hilo conductor común y es que la convicción de patentar no es solo un acto de privatización del conocimiento, sino de defensa de la inversión nacional y de la soberanía.
La ciencia cubana, con sus limitaciones debido a un bloqueo asfixiante, y su amplia creatividad para enfrentarlas, ha comprendido que patentar es el puente entre el laboratorio y el mercado, entre la curiosidad científica y el progreso del país.
El reto de quienes dirigen esta actividad está ahora en extender esa cultura a todos los centros, en fortalecer la formación en propiedad industrial desde las universidades, y en seguir internacionalizándolas para colocar a Cuba en un mejor lugar en el mapa de la innovación global.