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Imagen: tomada de https://www.gub.uy /Editada y transformada con Copilot Los seres humanos llevan siglos extrayéndole a la Tierra recursos finitos como si fueran caramelos de un frasco que no se vuelve a llenar: carbón, petróleo, gas…Pero, ¿y si en lugar de vaciar el frasco, aprenden a vivir de lo que la Tierra les regala a diario? El sol que calienta nuestro patio (energía solar), el viento que mueve las hojas de los árboles (energía eólica), la fuerza de un rio que baja de la sierra (hidroeléctrica)…Esa energía que siempre está ahí, que se renueva con cada amanecer y cada tormenta, es la que está cambiando el rostro del planeta. Las fuentes renovables de energía se han convertido en la fuente de electricidad más rentable para el planeta y el desarrollo económico, gracias a una combinación de tecnología, innovación, escalado productivo y gobernanza política. Su uso se modela básicamente en dos direcciones: producir energía a partir de fuentes renovables, con el objetivo de modificar el equilibrio del mix energético mundial a favor de estas fuentes y ayudar a que las personas de todos los rincones del mundo tengan acceso constante y seguro a la electricidad. Las ventajas del uso de las llamadas energías limpias resultan claras: son inagotables, pues las fuentes renovables siempre están disponibles en la naturaleza; es un proceso respetuoso con el medio ambiente, ya que contribuye a la reducción drástica de las emisiones de CO2 a la atmósfera y, además, naturaliza la innovación tecnológica para que los procesos sean cada vez más eficientes y rentables a gran escala, en la búsqueda de más eficiencia y seguridad en términos energéticos. Estas energías consideradas no convencionales comprenden un grupo de fuentes intermitentes, como la eólica, la geotérmica, la solar y la biomasa (la cual, a diferencia de las otras, sí puede proporcionar un suministro de energía constante), utilizadas para complementar otras fuentes de energía, con lo cual contribuyen a la diversificación y la soberanía energética. Otras energías limpias son la hidroeléctrica, la geotérmica e incluso la energía nuclear. Estas fuentes de baja o nula emisión de gases efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles, aunque esto no significa que no tengan ningún impacto ambiental. América Latina y el Caribe. El caso de Uruguay Faith Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) comentaba para El Foro Económico Mundial, una plataforma para la cooperación que reúne a líderes empresariales, gubernamentales, de organizaciones internacionales, de la sociedad civil y del mundo académico, que ¨América Latina y el Caribe pueden desempeñar un papel destacado en la nueva economía energética mundial¨. ¨Con sus increíbles recursos naturales y su compromiso de larga data con las energías renovables, decía, los países de la región ya tienen una ventaja de la transición segura y sostenible hacia la energía limpia. Apoyarse en estas transiciones impulsaría el crecimiento de las economías locales y daría mayor seguridad al sistema energético mundial¨. El diagnóstico de Birol no es un mero optimismo. En noviembre de 2025, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) publicaron un análisis conjunto en el que se confirma que América Latina y el Caribe posee algunos de los mejores recursos solares, eólicos e hidroeléctricos del mundo, y que ha visto crecer su inversión en energía limpia un 25 por ciento desde 2015. Sin embargo, el informe advierte que, para sostener este impulso, la región necesita fortalecer dos eslabones clave: las redes de transmisión y, fundamentalmente, el almacenamiento de energía. El almacenamiento -en especial las baterías de litio, pero también tecnologías emergentes como el hidrógeno verde- se perfila como un mercado de enorme potencial para América Latina. El área concentra al menos un tercio de las reservas mundiales de litio y cobre, minerales esenciales para la fabricación de baterías. Según la AIE, los ingresos por la producción de estos minerales críticos superaron los cien mil millones de dólares en 2022, y se prevé que antes de 2050 sobrepasen a los ingresos por combustibles fósiles. Esto abre una ventana de oportunidad para que los países latinoamericanos no solo exporten materia prima, sino que avancen en la cadena de valor: refinado, procesamiento y fabricación de sistemas de almacenamiento. Ahora bien, es necesario distinguir dos realidades dentro de la región. Mientras que países como Uruguay, Brasil, Chile, Argentina o Colombia cuentan con recursos energéticos abundantes, matrices eléctricas relativamente limpias y capacidad institucional para planificar transiciones, la situación del Caribe es distinta. Muchas islas caribeñas dependen en gran medida de combustibles fósiles importados, tienen sistemas eléctricos más pequeños y frágiles, y enfrentan desafíos específicos de acceso y financiamiento. Por eso, aunque el informe de la AIE habla de "América Latina y el Caribe" como bloque, cualquier análisis riguroso debe reconocer que las oportunidades y los retos no son homogéneos. Por otro lado, según la Asociación Civil ¨Periodistas por el planeta¨, dedicada a impulsar una nueva narrativa sobre la crisis socio-ambiental en América Latina, la región, junto al Caribe, generó el 17 por ciento de su electricidad a partir de energía eólica y solar en 2024, superando la media mundial del 15 por ciento. También superó la media mundial en bioenergía, con un cuatro por ciento de la generación, frente al dos por ciento mundial. Gracias a la gran proporción de energía hidroeléctrica (41 por ciento) y al creciente papel de la eólica, la solar y la bioenergía en la generación de electricidad, la región solo es responsable del cinco por ciento de las emisiones mundiales acumuladas de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía. Este cuadro tiene mucho que ver con el hecho de que la mitad de los 33 países de ALC se han comprometido a lograr emisiones netas cero para 2050, de acuerdo con “Periodistas por el planeta”. Cumplir estas metas requerirá multiplicar por cuatro la inversión media anual en energías limpias entre 2026 y 2030 en comparación con la década anterior, según la AIE. A corto plazo, 16 países de la región se han comprometido a generar al menos el 80 por ciento de la electricidad a partir de fuentes renovables para 2030, como parte de la iniciativa Renovables en América Latina y el Caribe (RELAC). Es significativo que ALC tiene una intensidad energética más baja que cualquier otra región del mundo, excepto la Unión Europea. No obstante, mientras que otras regiones han logrado mejoras significativas en la reducción de su intensidad energética, las tasas en ALC se mantuvieron relativamente estables en el periodo 2000-2015. La baja intensidad energética en la región no significa necesariamente que la energía se utilice de forma eficiente. Refleja un acceso limitado a energía asequible o a los electrodomésticos y la tecnología que utilizarían esta energía. Los países de la región han adoptado enfoques diversos para planificar su transición energética hacia fuentes renovables, incluyendo estrategias nacionales y planes de acción. Un país modelo en este aspecto es Uruguay, el cual, según lo destaca la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) del propio país, ha logrado algo que pocas naciones pueden exhibir con tanto orgullo: transformar de manera estructural su matriz eléctrica hacia un modelo casi completamente renovable. Detrás de esta transición se encuentra una visión de Estado, una coordinación institucional sólida y un marco regulatorio que permitió conjugar inversión, innovación y sostenibilidad. Con una cobertura eléctrica que alcanza prácticamente la totalidad del territorio -99,9 por ciento en zonas urbanas y 99,8 por ciento en áreas rurales-, el país abastece a más de 1,6 millones de usuarios. En 2024, la demanda eléctrica fue de 12.145 GWh, con un consumo per cápita de 3.798 kWh/habitante. Este presente no se explica sin un pasado de desafíos: Uruguay dependía en exceso del petróleo, sin reservas propias de hidrocarburos, con una capacidad hidráulica cercana a su límite y una vulnerabilidad energética que condicionaba su desarrollo. El cambio comenzó a gestarse con una decisión política firme: definir una Política Energética de Largo Plazo, aprobada en 2008 y ratificada como Política de Estado en 2010. A partir de entonces, el país adoptó una mirada integral, que incorporó dimensiones tecnológicas, económicas, ambientales, éticas y sociales. Sin embargo, una política pública, por ambiciosa que sea, no se materializa sin un marco jurídico y regulatorio claro que la haga operativa. Por eso, Uruguay entendió que era fundamental relacionar estrechamente política pública, regulación y tecnología. El instrumento de esa articulación fue una institucionalidad robusta: leyes que crearon organismos técnicos independientes, dotados de capacidad de fiscalización y autonomía financiera. La URSEA es el principal resultado de esa lógica. Creada por la Ley N.º 17.598, y consolidada como servicio descentralizado a partir de la Ley N.º 18.889, la institución reforzó su independencia técnica, administrativa y financiera. Su misión es “Regular, fiscalizar y asesorar en los sectores de energía y agua para que la población tenga acceso a productos y servicios sustentables con niveles adecuados de seguridad, calidad y precios; así como defender al consumidor y promover la competencia”. Algo de historia Uruguay, históricamente, ha mostrado una notable evolución en su generación hidroeléctrica. En la década de los 80, particularmente en años como 1980 y 1983, hubo aumentos significativos, superando los 2 TWh, lo cual se repitió en la década de los 90 con avances considerables en 1990 y 1998. Sin embargo, las fluctuaciones no han faltado, con caídas pronunciadas en 1999 y la última en 2020. A pesar de estos vaivenes, 2024 presenció otro aumento notable de 3.8 TWh, indicando una recuperación. Los altibajos en la generación hidroeléctrica subrayan la necesidad de diversificar las fuentes de bajas emisiones para mantener una producción eléctrica sostenible y confiable en el futuro. ¿Cómo fue posible esa independencia? La claridad normativa fue el cimiento sobre el cual se construyó la transformación. La Ley N.º 16.832 de 1997 sentó las bases de la libre iniciativa en la generación eléctrica, permitiendo la participación del sector privado en un área hasta entonces reservada al Estado, declara la URSEA. Esta última expone, de igual forma, que cada fuente renovable encontró su camino dentro de la matriz energética uruguaya: El viento fue protagonista de la primera gran ola de expansión. Con el Programa de Energía Eólica en Uruguay (PEEU) lanzado en 2007, y los decretos de 2009 y 2011 que habilitaron licitaciones por cientos de megavatios, el país consolidó una capacidad eólica que hoy es referencia mundial. Los contratos de largo plazo con UTE garantizaron estabilidad a los inversores y transformaron a Uruguay en uno de los líderes regionales en generación eólica. Foto: tomada de prensa.electricatrelew.coop.ar La energía solar fotovoltaica siguió un camino similar. Tras el desarrollo del Mapa Solar Nacional en 2010, se pasó rápidamente de instalaciones aisladas a plantas de gran escala, acompañadas por licitaciones públicas y normativa para la incorporación de sistemas de almacenamiento. Por último, la biomasa y la energía hidráulica complementaron el proceso. El aprovechamiento de residuos agrícolas y forestales permitió diversificar aún más la matriz, mientras que la generación hidráulica se orientó a proyectos de menor impacto, adaptados a las condiciones locales. Mas, para entender el avance de Uruguay en este campo, hay que remontarse a la oficina universitaria de Montevideo, dónde, según explica BBC News, se encontraba el físico Ramón Méndez cuando recibió la llamada telefónica inesperada que cambiaría su vida y la forma en que Uruguay produce electricidad. Contactó con él entonces ministro uruguayo de Industria, Energía y Minería para invitarlo a liderar una transición energética que redujera la dependencia del país de los combustibles importados. Foto: tomada de BBC “Me hicieron una propuesta loca”, rememora Méndez en entrevista concedida al medio británico. “Y yo hice algo aún más loco, que fue aceptar”. Las autoridades uruguayas habían comenzado a contemplar la energía nuclear como una alternativa para reducir costos y evitar las frecuentes compras de electricidad a los vecinos Argentina y Brasil. Esto llevó a Méndez a interesarse en el problema, como alguien cercano a la física nuclear. La generación eléctrica a escala de un país era un tema nuevo para él: “No sabía nada”, admite. La solución que planteó pasaba por un camino diferente: recurrir a las energías renovables autóctonas. Su propuesta circuló en ámbitos académicos y llamó la atención del gobierno. Fue entonces cuando Méndez recibió la llamada para implementar el cambio que había imaginado. Comentan que la apuesta a la energía eólica tenía como referencia lo que hacía Dinamarca como pionero en la materia y su interconexión con las centrales hidroeléctricas de Noruega para tomar energía de ellas cuando hay poco viento, pero Uruguay buscó esa complementación dentro de su propio territorio y desarrolló un software propio para gestionar la intermitencia de distintas fuentes energéticas. El objetivo fue alcanzar una capacidad instalada total de energía eólica y solar que cubriese el punto más alto de la demanda eléctrica del país. El agua de las represas se usaría entonces como fuente alternativa cuando bajaran el viento o el sol. La energía eólica pasó de cubrir apenas un uno por ciento de la matriz eléctrica uruguaya en 2013 a 34 por ciento en 2018, “un ritmo asombroso” y “más rápido que cualquier otro país”, indicó Joel Jaeger, investigador del Instituto de Recursos Mundiales, en un artículo de la agencia espacial estadounidense NASA en enero. Lo que hizo Uruguay fue exactamente lo contrario de la gestión energética convencional a nivel mundial. En lugar de usar las hidroeléctricas como base del sistema y las renovables variables (eólica y solar) como complemento, los uruguayos invirtieron esa lógica: dimensionaron la capacidad instalada de eólica y solar para que pudiese cubrir, por sí solas, el punto más alto de la demanda eléctrica del país. Las represas -tradicionalmente consideradas la columna vertebral de cualquier sistema- pasaron a cumplir un rol novedoso: funcionan como fuente de compensación y respaldo para los días sin viento o sin sol. Este cambio en la gestión energética es clave para poder incorporar grandes porcentajes de energía renovable sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. Pero la acelerada transición energética de Uruguay impulsada por Méndez también recibió cuestionamientos domésticos. Para Felipe Bastarrica, director del Observatorio de energía y desarrollo sustentable de la Universidad Católica del Uruguay, se podía haber aprovechado la reducción de los costos de tecnología con una transición más escalonada, pero aclara que ese argumento surge “con el diario del lunes” o con resultados a la vista que nadie pronosticaba en su cuantía. “No lo critico demasiado (el cambio hecho) porque en el momento era tan beneficioso respecto al sistema que teníamos, prácticamente al borde de la falla y con costos muy altos, que se pisó el acelerador”, dijo Bastarrica a BBC Mundo. “No solo fue bueno ambientalmente, sino económicamente y en términos de resiliencia del sistema”. Luego de dirigir durante ocho años la política energética uruguaya, Méndez fue seleccionado por la revista Fortune como uno de los 50 líderes mundiales de 2016 por haber contribuido a mostrar “cómo descarbonizar tu economía”. A su juicio, las claves de la estrategia energética uruguaya pasaron por una política de largo plazo acordada por todos los partidos y por crear condiciones adecuadas para procesar la transformación. “De forma espontánea la transición energética no ocurre, aunque las energías renovables sean más baratas que las tradicionales”, advierte. Méndez fundó con amigos Ivy, una fundación sin fines de lucro financiada con fondos filantrópicos norteamericanos y europeos que asesora en estos temas a países de la región como Colombia, Chile, Honduras y República Dominicana. La transición energética en Uruguay es un ejemplo claro de cómo la combinación de voluntad política, un marco regulatorio sólido y el involucramiento de la sociedad pueden hacer posible un cambio profundo. Este proceso permitió al país transformar una debilidad histórica -su dependencia energética- en una fortaleza competitiva a nivel internacional. La mezcla de diferentes fuentes de energía primaria-forma de energía disponible de la naturaleza antes de ser convertida o transformada- que se vierte en la red eléctrica de una cierta geografía, como un país, una región o un continente.

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