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Un trabajador por cuenta propia del municipio de Matanzas, dedicado al mantenimiento y reparación de vehículos automotores, figura entre los primeros en Cuba en beneficiarse con los incentivos fiscales establecidos en la Resolución 41. Según informó la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en el territorio, Dowar Vega Alonso, titular del negocio Autozona, recibió la exención del pago del impuesto sobre los ingresos personales por un perIodo de hasta cuatro años y cinco meses, en correspondencia con el tiempo de recuperación de la inversión realizada tras la instalación de un sistema solar fotovoltaico en su actividad. El propio trabajador aseguró que esta medida representa un respaldo significativo para la estabilidad de su negocio. “A mí me beneficia mucho porque sigo teniendo independencia de la red eléctrica y mi negocio no se paraliza”, explicó. Añadió además que evalúa la posibilidad de acceder a un crédito con bajas tasas de interés para ampliar su sistema energético. Sobre el proceso, destacó su agilidad, en parte por haber sido de los primeros en acogerse al beneficio. Comentó que, tras conocer la medida a través de la televisión nacional y la Gaceta Oficial, acudió de inmediato a las entidades correspondientes. No obstante, consideró que la divulgación de la Resolución 41 fue limitada y que muchas personas aún desconocen sus ventajas. En términos económicos, precisó que la exoneración le permite reducir su carga tributaria. “Antes pagaba el 15 por ciento de mis ingresos y ahora solo pago el 10; el 5 por ciento correspondiente a ingresos personales está exento”, explicó. Aclaró que el impuesto sobre ventas se mantiene sin cambios. Asimismo, señaló que la normativa abre la posibilidad de compensar parte de las utilidades con la inversión realizada en el sistema fotovoltaico, lo cual constituye un incentivo adicional para quienes decidan apostar por estas tecnologías. Resolución 41/2026 y el papel de la ONURE en la transición energética La Resolución 41/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, publicada en la Gaceta Oficial, marca un paso relevante en el impulso a las energías renovables en el país. La norma establece un conjunto de incentivos fiscales dirigidos a actores económicos que incorporen tecnologías limpias, con el objetivo de aliviar las tensiones del sistema electroenergético nacional y fomentar la generación distribuida. Entre los beneficios más significativos destacan la exención del pago de impuestos sobre utilidades e ingresos personales, así como facilidades arancelarias para la importación de equipos como sistemas solares fotovoltaicos, aerogeneradores, biodigestores y bombas solares. Estas medidas buscan acelerar la adopción de fuentes renovables tanto para el autoconsumo como para la entrega de energía al sistema eléctrico. En este proceso, la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (ONURE) desempeña un rol técnico clave. Según explicó José Antonio Dean Barceló, jefe del grupo de eficiencia energética en Matanzas, los actores económicos que ya cuentan con sistemas instalados deben solicitar ante esta entidad un dictamen energético, documento imprescindible para acceder a los beneficios fiscales. El procedimiento comienza con la presentación, por parte del solicitante, de una descripción detallada del sistema instalado, que incluya paneles, inversores, baterías, así como elementos críticos como el sistema de puesta a tierra y las protecciones eléctricas. Esta información puede provenir de proyectos técnicos elaborados por entidades especializadas o por el propio instalador, siempre que esté debidamente autorizado. Incluso aquellos actores que instalaron sus sistemas mediante trabajadores privados o mipymes sin documentación inicial pueden regularizar su situación. Para ello, deben gestionar un informe técnico actualizado que certifique las condiciones del sistema, especialmente en materia de seguridad eléctrica. A partir de esta documentación, la ONURE evalúa la viabilidad de emitir el dictamen. Otro requisito indispensable es la presentación de facturas o comprobantes de compra, lo cual permite a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) verificar la autenticidad de la inversión realizada. Este control busca evitar irregularidades y garantizar que los beneficios fiscales se otorguen a quienes realmente hayan invertido en estas tecnologías. Una vez entregados los documentos, especialistas de la ONURE realizan inspecciones en el terreno. Estas visitas incluyen la revisión directa de los equipos, estructuras, conexiones y sistemas de protección. Además, se comprueba que la instalación esté efectivamente vinculada al objeto social del negocio declarado. Tras la aprobación, los beneficiarios no quedan exentos de control. El procedimiento contempla la posibilidad de inspecciones periódicas, incluso trimestrales. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos, la ONURE informa a la ONAT, que puede proceder a retirar los beneficios fiscales concedidos. En la provincia de Matanzas, hasta el momento, se han emitido más de 10 dictámenes energéticos y dieciocho licencias energéticas, estas últimas necesarias para la gestión de financiamiento bancario en el caso de los créditos. La mayoría de los casos se concentran en el municipio de Cárdenas, donde la articulación entre el gobierno local y las instituciones ha favorecido el avance de estos proyectos. La implementación de la Resolución 41/2026 confirma el papel estratégico de la política fiscal como herramienta para promover la sostenibilidad energética. A su vez, evidencia la importancia del acompañamiento técnico de la ONURE para garantizar que el crecimiento de las energías renovables se realice con seguridad, eficiencia y respaldo legal.

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