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Por Liu Mok, economista cubano. Fue investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sus principales áreas de trabajo abarcan las políticas públicas, la regulación financiera, la economía agrícola y el desarrollo económico. Por su trayectoria, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia Económica Regino Boti León, el Premio de Economía Raúl León Torras y el Premio de la Academia de Ciencias de Cuba./Este artículo fue publicado originalmente en Mate Amargo. JT lo reproduce por su valor para el debate en el contexto de las nuevas medidas adoptadas por el país. Foto: Ramón Espinosa/ AP Las transformaciones económicas anunciadas esta semana han abierto uno de los debates más importantes de las últimas décadas en Cuba. El país enfrenta una crisis profunda, marcada por la escasez, la emigración, el deterioro de los servicios públicos y el impacto persistente y recrudecido del bloqueo estadounidense. Sobre ese diagnóstico existe un amplio consenso. Donde comienzan las diferencias es en la respuesta. Los defensores del nuevo paquete de medidas argumentan que el país se encuentra ante la disyuntiva inevitable de avanzar hacia una mayor apertura al mercado o continuar con el deterioro económico actual. Sin embargo, presentar el debate en esos términos puede conducir a una falsa elección. Cuba necesita cambios urgentes, pero no todos los cambios posibles apuntan necesariamente a una sola dirección. Sería un error defender la inmovilidad. Muchas de las reformas discutidas llevan más de veinte años apareciendo en documentos, debates y propuestas sin llegar a materializarse plenamente. El costo de la indecisión también ha sido enorme. Parte de la situación actual es resultado de transformaciones aplicadas tarde, incompletas o paralizadas por la resistencia, no sin razones, a la dirección de los cambios propuestos. Cuando los problemas se acumulan durante décadas, la ausencia de decisiones también termina convirtiéndose en una decisión de alto costo social, político y económico. Pero reconocer la necesidad de transformar no obliga a aceptar que la única salida sea ampliar progresivamente los espacios de acumulación privada de capital o convertir las empresas estatales en sociedades por acciones abiertas a nuevos inversionistas. Tampoco implica asumir que la creciente participación de los mecanismos de mercado resolverá automáticamente los problemas estructurales de la economía cubana. La pregunta central es otra: ¿quién controlará los recursos del país y quién se beneficiará de la riqueza que estos generen? Las propuestas presentadas incluyen la posibilidad de transformar empresas estatales en sociedades mercantiles, permitir la compra de acciones por parte de actores estatales y no estatales, ampliar la participación del capital privado en la actividad bancaria y extender la presencia de la inversión extranjera en múltiples sectores. Son cambios de gran alcance que modificarían la estructura económica del país durante las próximas décadas. Sin embargo, llama la atención que apenas se discutan alternativas que profundicen la participación directa de los trabajadores y de las comunidades en la gestión económica. El debate parece moverse entre dos polos: mantener estructuras burocráticas inmóviles e ineficientes o transferir mayores espacios al capital privado. Entre ambos existe un terreno poco explorado. La cuestión no es negar los problemas que estas reformas pretenden resolver. Es evidente que las empresas estatales cubanas operan hoy bajo enormes restricciones. Muchas enfrentan dificultades para acceder a financiamiento, contratar servicios bancarios internacionales o participar en cadenas globales de suministro debido al régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos. Ignorar esa realidad sería irresponsable. Sin embargo, reconocer el problema no implica aceptar una única solución. El hecho de que las empresas estatales sean vulnerables a sanciones no implica necesariamente que la respuesta deba consistir en transferir progresivamente funciones económicas fundamentales a actores privados. También es posible construir mecanismos alternativos que distribuyan riesgos sin renunciar al control social de la economía. Una opción distinta sería avanzar hacia formas de autogestión obrera y comunitaria. En lugar de transformar empresas estatales en sociedades por acciones donde el poder de decisión termina dependiendo de quién posee más capital, podría avanzarse hacia empresas gestionadas democráticamente por sus trabajadores. La diferencia es fundamental. Bajo un esquema accionarial tradicional, quienes poseen más acciones acumulan mayor capacidad de decisión. Bajo un esquema de autogestión, cada trabajador tendría voz y voto en la elección de la dirección de la empresa, en la aprobación de los planes de inversión, en la definición de prioridades productivas y en la distribución de utilidades. No se trataría de una participación simbólica o consultiva, sino de mecanismos institucionales en los que el poder económico se ejerza efectivamente desde la base. La propiedad privada podría seguir existiendo y desempeñando un papel importante en la economía nacional. El problema no es su existencia, sino su expansión como solución casi exclusiva a problemas que también pueden abordarse mediante fórmulas cooperativas, comunitarias y autogestionarias. Una economía más diversa no exige necesariamente que cada nuevo espacio de autonomía termine convirtiéndose en un espacio de acumulación privada. Del mismo modo, la descentralización financiera no tiene por qué significar exclusivamente la expansión de la banca privada tradicional. Cuba podría impulsar una red nacional de bancos cooperativos, fondos municipales de desarrollo y asociaciones de crédito gestionadas localmente. Estas instituciones podrían captar ahorro, financiar proyectos productivos y canalizar remesas hacia la producción de alimentos, la generación distribuida de energía y pequeñas industrias locales. A diferencia de la banca comercial convencional, cuyo objetivo principal es maximizar la rentabilidad financiera, estas entidades priorizarían el fortalecimiento de las capacidades productivas de cada territorio. Los recursos generados por una comunidad podrían reinvertirse en esa misma comunidad. Existen además oportunidades tecnológicas poco exploradas. Una plataforma nacional de compras y suministros permitiría conectar directamente a productores, cooperativas, empresas estatales y gobiernos municipales. Un agricultor podría conocer en tiempo real la demanda de escuelas, hospitales o industrias de procesamiento; una fábrica podría publicar sus necesidades de insumos; y los municipios podrían coordinar proyectos productivos sin depender de múltiples niveles burocráticos. La tecnología que hoy utilizan grandes corporaciones para optimizar las cadenas de suministro podría emplearse para fortalecer la coordinación económica desde la base. La producción de energía constituye otro ejemplo. En lugar de depender exclusivamente de grandes inversiones centralizadas, podrían crearse cooperativas energéticas locales capaces de instalar y gestionar sistemas solares comunitarios. Los beneficios económicos permanecerían en los municipios, reduciendo simultánea y progresivamente la dependencia energética y la necesidad de importaciones. Incluso las remesas podrían orientarse de manera diferente. Hoy una parte importante termina financiando el consumo o las actividades comerciales de corto plazo. Fondos comunitarios de inversión permitirían que emigrados y residentes aportaran recursos a proyectos productivos locales bajo reglas transparentes y con control democrático, compartiendo los beneficios con las comunidades donde se realizan las inversiones. Ninguna de estas propuestas eliminaría por sí sola los efectos del bloqueo ni resolvería mágicamente los problemas acumulados durante décadas. Pero apuntan en una dirección diferente. En lugar de responder a las limitaciones externas desplazando progresivamente el centro de gravedad económico hacia actores con mayor capacidad de acumulación de capital, buscarían ampliar la capacidad productiva del país fortaleciendo la participación directa de trabajadores, cooperativas y comunidades. Al final, la discusión no trata únicamente sobre empresas, bancos o mecanismos de mercado. Trata sobre poder. Toda reforma económica redistribuye poder. La pregunta que Cuba deberá responder en los próximos años es sencilla: ¿la crisis se superará ampliando la capacidad de decisión de quienes producen la riqueza del país o trasladando progresivamente esa capacidad hacia quienes poseen los recursos para comprarla? De la respuesta dependerá no solo el rumbo de la economía, sino también el carácter del proyecto social cubano en las próximas décadas. Ese debate sigue abierto. Y probablemente sea el más importante de todos.

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